Cope Zaragoza
El Partido Popular y VOX han retomado las negociaciones sobre la política de vivienda en la Región de Murcia, tratando de acercar posturas para desbloquear la Ley de Vivienda Asequible, que la oposición en bloque tumbó en octubre y que preveía construir 25.000 viviendas en cinco años. Tras una reunión celebrada este lunes, la séptima entre ambos grupos, VOX se ha mostrado optimista y ha afirmado que están "muchísimo más cerca de un acuerdo". La formación propone tramitar el texto como un decreto ley para agilizar su aprobación antes del verano, en lugar del anteproyecto de ley del PP, cuya tramitación se extendería hasta finales de 2026. El principal requisito de VOX es la inclusión del requisito de prioridad nacional en el acceso a la vivienda, una "línea roja" para la formación. Según han explicado, esto implica dar preferencia a "los españoles y a los que tienen familiares con arraigo suficiente". VOX asegura haber presentado una fórmula "perfectamente legal y compatible con nuestra Carta Magna", distanciándose de propuestas anteriores del exportavoz de su partido, José Ángel Antelo Por su parte, el Partido Popular ha mostrado cautela ante esta exigencia. El portavoz popular, Joaquín Segado, ha confirmado que han recibido la propuesta y se han comprometido a "valorar y estudiar si es posible o no", subrayando que no es solo una cuestión de "voluntad política", sino también de "cabida jurídica". De esta manera, el PP enfría las expectativas de un acuerdo inminente sobre este punto, afirmando que "con una propuesta hecha esta mañana es imposible que se haga un análisis". Otro de los puntos clave para VOX es la lucha contra la especulación y la infravivienda. La formación de Santiago Abascal exige establecer limitaciones para evitar la creación de "pisos zulo" de 20 o 30 metros cuadrados, proponiendo viviendas de un mínimo de "80 o 90 metros". Además, han planteado la necesidad de regular el cambio de uso de locales comerciales a viviendas, prohibiendo que se habiliten residencias en bajos de zonas céntricas o en edificios de oficinas situados en polígonos industriales. En este aspecto, el PP ha asegurado que existen "coincidencias plenas" y que su texto nunca contempló la creación de infraviviendas ni la construcción en lugares inadecuados. "Son cuestiones de sentido común", ha afirmado el portavoz popular. Ambas formaciones también coinciden en la necesidad de otorgar seguridad jurídica a los ayuntamientos, que serán los encargados de aplicar gran parte de la normativa. Aunque VOX presiona para que la norma se apruebe como decreto ley antes del verano, el PP prefiere no adelantar acontecimientos. "Cuando lleguemos al acuerdo veremos cuál es la fórmula de que sea más fácil y más inmediata su aplicación", ha señalado su portavoz. El PP se ha dado un plazo de "una semana" para estudiar las propuestas de VOX y confía en seguir avanzando en las negociaciones en las próximas semanas tras dos meses sin contacto.
Go to News Site