Los trampantojos del derecho al aborto

La reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la propuesta de reforma por la que se incluiría expresamente en la Constitución el derecho al aborto se fundamenta , en palabras del propio Gabinete, en tres razones: responder a un presunto movimiento ultrarreaccionario que ataca a nivel global –sin aclararse si en nuestro país también– los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reforzar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión y, por último, blindar el derecho en la Constitución como abrazo a la democracia. Pese a lo detallado de la explicación gubernamental, es harto difícil, si no imposible, negar que el propósito responde verdaderamente a otros fines bien diferentes. La propia realidad política y, sobre todo, judicial y el esperado fracaso de dicha propuesta, que no alcanzará ni lejanamente la mayoría que nuestra Constitución exige para su éxito procedimental –recordemos, como mínimo, la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso–, permiten afirmar que estamos, una vez más, ante un nuevo 'trampantojo jurídico', tomando prestado el término con el que el profesor Linde Paniagua tildara la reciente Ley Orgánica de Amnistía. Una nueva trampa o ilusión para engañar a algunos, no a todos, haciéndoles ver lo que no es. La justificación de lo injustificable, como lo es afirmar que acabar con la vida de un tercero es un hecho virtuoso, un derecho, y que negarlo es ultrarreaccionario, como si rechazar el aborto como derecho fuera negarse a una innovación. Sin embargo, el mayor trampantojo lo constituye la última de las razones esgrimidas por el Consejo de Ministros para fundamentar la reforma, el denominado 'abrazo democrático', cuando lo que realmente se le da a nuestra democracia es un contundente puñetazo, permítasenos también el uso de metáforas. La inclusión expresa del aborto en el texto constitucional pretende asentarse en el valor democrático de nuestra sociedad, cuando precisamente lo que hace es negarlo. La pretendida reforma traiciona nuestro constitucionalismo moderno, traiciona al principal valor en el que se asientan nuestras democracias, expresión de sociedades heterogéneas: el pluralismo. Para explicarlo resulta interesante recordar lo que el jurista italiano Gustavo Zagrebelsky escribiera hace años en una de sus obras –'La ley y su justicia', en su edición en español– sobre el pluralismo. Nos decía el piamontés que en nuestras constituciones el pluralismo no se expresaba solo respetando lo que se dice, sino también lo que no se dice. Y es que la Constitución es una norma no solo de expresión, sino también de silencios. Se expresa aquello en lo que hay consenso y se calla aquello en lo que la sociedad está dividida o sobre lo que no hay una conformidad representada por una mayoría social muy relevante, no mera mayoría simple o, incluso, absoluta. Por ello, nuestro Tribunal Constitucional no se ha cansado de recordar que debe partirse de la premisa constitucional de que la norma fundamental ofrece cobertura a plurales «opciones políticas de muy diferente signo», siempre que no la contradigan, gozando el legislador de un espacio de libertad dentro del marco que el texto constitucional ofrece. Y nos recuerda que la Constitución no es, en algunos de sus apartados, un programa cerrado, sino un texto abierto, un marco de coincidencias suficientemente amplio, como corresponde a un ordenamiento constitucional que consagra como uno de sus valores superiores el pluralismo político. Presumir, en todo caso, este silencio en cuanto al aborto y el significado del derecho a la vida es, cuando menos, muy discutible, pero quizá pueda ser en cierto modo aceptado como expresión de pluralismo, aunque ni moral ni éticamente lo sea para muchos. El legislador puede, pues, moverse con cierta libertad dentro de dichas partes de la Constitución, en las silenciadas por falta de consenso democrático, con la consecuencia del necesario respeto a la libertad de decisión política de la representación popular, que hoy puede ser una y mañana otra bien distinta. Esa libertad, claro está, no le permite, por obra del pluralismo, poner contenido definitivo a dichos silencios, a salvo de alcanzar una amplia mayoría que refleje que ahora sí hay consenso, contando con la mayoría que se exige para la reforma constitucional. Si se quiere escribir en la Constitución aquello que no está escrito, sobre lo que calla, hay que acudir a la reforma constitucional. Pero, incluso, como señala nuevamente Zagrebelsky, es importante garantizar dicho pluralismo no sólo cuando es fácil hacerlo por falta de una mayoría suficiente para impulsar reformas legales, sino, sobre todo, cuando se dispone de esa mayoría. El pluralismo no es nada más que evitar aprovechar la ocasión para transformar lo que no se dice cuando se presente una ocasión favorable de mayorías. Si eso ocurre, la Constitución perderá su esencia pluralista y se transformará en una Constitución de parte, de partido, no de toda la sociedad. Y es que, aunque es cierto que la Constitución no es la verdadera causa del pluralismo, sí debe ser, al menos, su garantía. Es verdad que el planteamiento formal del Gobierno es este, reformar el texto constitucional, pero lo hace sabiendo que la propuesta no cuenta con el consenso necesario. No hay mayoría constitucionalmente representativa que apoye el derecho al aborto y, por ello, nuestra Constitución debe, cuando menos, seguir guardando aparente silencio. Si no lo hiciera renunciaría a su pluralismo, como parece pretender con su reforma el Gobierno. Así pues, al margen de cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno, con esta reforma constitucional se obliga a la Constitución a decir expresamente algo sobre lo que no hay acuerdo social, más allá del presunto acuerdo de una parte que, incluso a día de hoy, las urnas están revelando como ya minoritaria. El Gobierno quiere apartarse una vez más del pluralismo, vulnerando una de las grandes libertades constitucionales, como es la libertad ideológica. En definitiva, España parece recorrer ahora un camino similar al que hace más de medio siglo inició Estados Unidos, cuando no a través de la reforma constitucional, sino de una sentencia de la Corte Suprema, 'Roe vs. Wade', se proclamó el derecho fundamental al aborto sin contar con un consenso social relevante. Y ya sabemos cómo acaban estas experiencias, con mayor fractura social, mayor polarización, con menor respeto del pluralismo. Es tiempo de quijotes, no de quijotadas, de idealismo noble y desinteresado, no de acciones irreflexivas o disparatadas.

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