La Tercera
Factotal presentó una indemnización de perjuicios contra la auditora EY, a la que acusa de negligencia grave por no detectar un millonario fraude interno en una revisión financiera de 2021. EY rechazó la acción judicial aclificándola de "improcedente" y argumentando que la estafa se originó por los nulos controles internos del factoring.
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