ABC
La inclusión del principio de «prioridad nacional» en el pacto de investidura de María Guardiola en Extremadura, suscrito por el PP y Vox, ha generado las previsibles críticas de la izquierda, pero también recelos entre los populares y parte de la derecha conservadora. La expresión tiene una connotación fuertemente identitaria, como una concesión a los de Abascal que parece anunciar un plan generalizado de marginación de los inmigrantes. Cabe partir de que en el momento que cualquier extranjero, de la nacionalidad que sea, es aceptado y reconocido plenamente en cualquier Estado o sociedad, sus derechos pasan a ser similares y propios de la ciudadanía y ni puede ni debe ser discriminado en ningún término. No toca, por tanto, diferenciar o discriminar a individuos ya igualados en derechos, pero sí conviene extremar el celo y la responsabilidad a la hora de conceder derechos nacionales a un extranjero en función de un obligado arraigo, compromiso y contribución personal en todos los órdenes. El acuerdo de PP y Vox excluye «del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital», pero a su vez asegura someterse «a la legalidad vigente». No es el único apartado en el que el pacto es consciente de las competencias estatales, y esta referencia a la «legalidad vigente» convierte las medidas aparentemente más radicales en una declaración de intenciones, para satisfacción de Vox, pero inejecutables. En el caso del acceso a la vivienda pública, el pacto se basa en el concepto de arraigo y por tanto no puede distinguir entre españoles y extranjeros. Solo se da un rechazo expreso a la acogida de menores extranjeros no acompañados, condición que en demasiadas ocasiones es una fuente de fraude y abusos –minoría de edad falsa, estratagema de los padres para luego reunificarse con el menor en España– y absurdamente excluida de las políticas de devolución. Crece un debate en la UE que está modificando los paradigmas del trato a la inmigración, debido a los problemas de integración que plantean determinadas comunidades. También hay una clara hipocresía en las críticas de la izquierda, porque, hasta el momento, la única «prioridad nacional» pactada y aplicada es la que Junts ha impuesto en sus acuerdos con el Gobierno de Sánchez, en materia de financiación, de inmigración y de enseñanza del catalán. El contexto de este acuerdo en Extremadura, de hecho, viene de la política seguida por el Gobierno con el real decreto de regularización masiva de inmigrantes, que ignora la repercusión de la inmigración ilegal en los servicios públicos y la competencia social que provoca con las clases trabajadoras. Aparte de que son administraciones autonómicas y locales las que tienen que gestionar la regularización con sus recursos limitados , mientras el Gobierno se dispone a lavarse las manos en el día a día. Las regularizaciones masivas no suelen frenar la inmigración ilegal, al contrario. Cuando se hace tan barato acreditar el arraigo con una simple tarjeta de transporte y basta con declarar que se tiene «la intención» de trabajar, la ley hace la trampa y este proceso acabará convirtiéndose en un nido de fraudes.
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