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La lucha contra la piratería audiovisual en España acaba de registrar uno de sus mayores hitos judiciales. La Audiencia Nacional ha condenado a una de las mayores redes ilegales de IPTV —servicios que permiten acceder a canales de televisión por internet sin autorización— a pagar más de 43 millones de euros por delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores, además de blanqueo de capitales.
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