La Jornada
Allá por diciembre de 2020, a días de ser aprobada la reforma a la Ley Seguridad Nacional promovida por el entonces presidente López Obrador, el entonces fiscal general de Estados Unidos (en el primer mandato de Donald Trump), William P. Barr, hacía pública su “preocupación” porque tal modificación legal, entre otros elementos, regularía y acotaría la actuación de agentes de la DEA en territorio mexicano “y en general” a los integrantes de todas las agencias gringas –y de otras naciones– acostumbradas a meter la mano a fondo en nuestro país sin pedir permiso a nadie y con la complacencia del régimen neoliberal.
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