La Jornada
El pasado 13 de abril ofrecí una conferencia magistral sobre la relación entre la impunidad, el cuerpo y el Estado en la sala Miguel Covarrubias, en el marco del décimo aniversario de la Cátedra Nelson Mandela, ahora dirigida por la antropóloga y escritora Marina Azahua. No voy a repetir aquí lo que dije entonces, puesto que el contenido completo de la intervención sigue disponible en las ligas de la UNAM. Sólo anoto con suma brevedad que me interesaba poner sobre la mesa de discusión una versión personal, muy pegada a la piel, de lo que es vivir con la impunidad por más de 30 años, desde el 16 de julio de 1990, cuando mi hermana menor, Liliana Rivera Garza, fue asesinada por su ex pareja (entonces no existía el término feminicidio), hasta el día de hoy, en que no se ha castigado al criminal, sobre el cual todavía pesa una orden de aprehensión por homicidio simple. Argumentaba ahí que la impunidad, que no es una experiencia individual ni está limitada al ámbito de lo privado, afecta y corrompe la relación entre la persona y el Estado, puesto que una de las funciones fundamentales de este último es garantizar la seguridad de constituyentes.
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