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El dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el accidente en la mina de Cerredo ha señalado este martes a siete responsables políticos y técnicos del Principado por la tragedia que costó la vida a cinco trabajadores hace poco más de un año. La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, ha presentado el borrador que propone la reprobación de tres exconsejeros, un exviceconsejero y tres altos funcionarios del Servicio de Minas. Entre los responsables políticos identificados se encuentran los exconsejeros Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón; y Belarmina Díaz, que dimitió tras el siniestro. A ellos se suma el exviceconsejero de Industria, Isaac Pola. El documento también pide la reprobación de tres altos funcionarios del Servicio de Minas: el jefe de sección, Alberto Quirino Vázquez; el jefe de servicio, Santiago Berjano Serrano; y el asesor jurídico, Gonzalo Martín Morales. Según el borrador, el accidente podría haberse evitado, ya que existía una absoluta incompatibilidad entre el proyecto de cierre de 2019 y los planes posteriores. El texto denuncia que se autorizó un proyecto de investigación "que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida". La presidenta de la comisión ha anunciado que trasladará el borrador del dictamen a la Fiscalía por si de los hechos se pudieran derivar responsabilidades penales. Los grupos parlamentarios disponen ahora de diez días para presentar aportaciones antes de que el texto sea definitivo a finales de mayo. El dictamen no solo apunta a responsabilidades personales, sino que también fija a la administración del Principado como "responsable institucional". Se le atribuye el incumplimiento de verificar la solvencia del concesionario, la autorización de un proyecto sin cobertura normativa ni evaluación ambiental y una "deficiencia estructural" en el sistema de inspección. Incluso el antiguo Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA) es señalado por su papel. Aunque no tenía competencias directas, el informe recoge que "su actuación reviste relevancia institucional en tanto que contribuyó indirectamente a la conformación del contexto administrativo favorable". Finalmente, el borrador incluye una serie de recomendaciones, entre las que destaca la necesidad de que el Gobierno del Principado ofrezca "anticipos de indemnizaciones" a las víctimas y sus familias. Covadonga Tomé ha calificado esta medida como "necesaria" y factible, asegurando que existen antecedentes.
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