El Plural
El trágico accidente en la mina de Cerredo (Degaña) el 31 de marzo de 2025, y que se cobró la vida de cinco trabajadores, es motivo de una ardua comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias para determinar si se trató de negligencia administrativa o política. Este suceso fue resultado de una sucesión de decisiones burocráticas, omisiones de control y fallos en la supervisión que permitieron el desarrollo de una explotación minera prohibida por mandato estatal, según Transición Ecológica, y que fue considerada "clandestina". Ahora, tal y como reza el borrador de la comisión de investigación al que ha tenido acceso ElPlural.com, son tres exconsejeros asturianos, además de otros cargos técnicos, los señalados con responsabilidades en el siniestro. El documento, de 64 páginas, señala como principales responsables políticos del Principado de Asturias a Belarmina Díaz Aguado, directora general de Minas hasta 2019 y consejera competente en el momento del accidente; Nieves Roqueñí Gutiérrez, consejera de Industria y Minas entre 2023 y 2025 y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón; Enrique Fernández Rodríguez, consejero de Industria y Minas hasta 2023 y actual presidente de Hunosa. Además, también se refieren a Isaac Pola Alonso, quien fuera viceconsejero de Industria y Minas hasta 2025 y anterior directivo del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), otra de las instituciones señaladas por su intervención indirecta en el proyecto. Para estos tres primeros cargos políticos, la comisión reclama su reprobación. Ejemplo de ello, para Díaz Aguado por "haber autorizado, suscrito o validado resoluciones administrativas" que dieron luz verde a las extracciones "sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa". Cabe recordar que la exconsejera se personó en el lugar de los hechos inmediatamente tras el accidente y, 15 días después, presentó su dimisión. Asimismo, en el caso de Roqueñí, por no haber realizado "una supervisión política reforzada" o no haber creado "ningún tipo de auditoría". Sobre Pola Alonso, por no haber impulsado una "fiscalización reforzada" sobre el expediente de la mina de Cerredo. Entre los perfiles técnicos involucrados, también se señala a Alberto Quirino Vázquez, jefe de sección de Seguridad Minera; Santiago Berjano Serrano, jefe del Servicio de Minas; y Gonzalo Martín Morales de Castilla, quien fuera secretario general técnico y asesor jurídico. Al tiempo, el borrador de la comisión también aduce a la responsabilidad del IDEPA por sus funciones de "promoción económica, evaluación de proyectos empresariales y gestión de instrumentos públicos". Su actuación, por ende, contuvo "relevancia institucional en tanto que contribuyó indirectamente a la conformación del contexto administrativo favorable en el que se desenvolvió el proyecto empresarial asociado a Cerredo, pudiendo generar una apariencia de respaldo o validación pública" del proyecto. Cronología de los hechos que terminaron en tragedia Entre 2019 y 2021 se aprobó el proyecto de abandono de las labores en la mina de la localidad asturiana y el proyecto de restauración de la explotación y, por ende, se prohibió expresamente continuar trabajando en la mina de Cerredo. No obstante, en noviembre de 2023...
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