COPE
El conflicto entre la Policía Local de Santander y el Ayuntamiento de la ciudad continúa abierto y sin una solución que parezca inmediata. Las protestas de los agentes, que se han prolongado durante meses con concentraciones periódicas, han escalado en intensidad hasta llegar al Parlamento de Cantabria. En el origen del desacuerdo se encuentra un elemento clave: un acuerdo firmado el 9 de abril de 2024 entre el consistorio y los sindicatos policiales. Dicho pacto contemplaba una subida progresiva del complemento de destino, una parte del sueldo vinculada a la responsabilidad y complejidad del puesto. Desde los sindicatos, los agentes sostienen que el acuerdo no se está aplicando en los términos que se pactaron. Según explica Manuel Garzón, representante del sindicato CSIF, el calendario acordado implicaba una subida progresiva que ya debería haber situado a los agentes en un nivel 20, con el correspondiente reconocimiento económico de carácter retroactivo. Más allá del aspecto puramente salarial, los policías han puesto el foco en el reconocimiento de la toxicidad y la penosidad de su trabajo. Garzón insiste en que "no se trata de una valoración subjetiva, sino de una realidad que, según indica, está recogida en la propia evaluación de riesgos laborales". Defienden que su exposición constante a factores de riesgo físico y psicológico debería reflejarse en sus condiciones. Otro de los argumentos que esgrimen los agentes es la comparación con otros cuerpos policiales. Aseguran que la Policía Local de Santander se encuentra por debajo de las condiciones de otros municipios de Cantabria, y que las diferencias son aún mayores si se compara con ciudades de otras comunidades autónomas. Frente a estas reclamaciones, el Ayuntamiento de Santander mantiene que su voluntad de mejorar las condiciones de los agentes sigue vigente. El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha recordado que el acuerdo de 2024, que incluía la subida progresiva del complemento de destino desde el nivel 18 hasta el 21, fue alcanzado por el equipo de gobierno y los sindicatos. Sin embargo, el concejal insiste en que durante la tramitación del expediente surgieron obstáculos de carácter técnico. Según detalla, la Intervención municipal consideró que la subida no podía ejecutarse en los términos planteados, lo que obligó al Ayuntamiento a elevar una consulta a la Intervención General del Estado para aclarar la situación. La conclusión, según explica Castillo, es que "el expediente debe completarse o ajustarse antes de poder aplicar la subida". Por tanto, el siguiente paso para el consistorio es negociar con los sindicatos la forma de adaptar el acuerdo a los requisitos legales, subrayando que el objetivo de la mejora económica se mantiene. Al margen de las reclamaciones salariales, los agentes también han denunciado públicamente la falta de medios materiales para desempeñar su trabajo. Garzón ha mencionado carencias en equipamiento y la existencia de material que ha superado su periodo de vigencia. El Ayuntamiento ofrece una visión distinta. Castillo defiende que en los últimos años se han realizado importantes inversiones en vehículos, sistemas de comunicación y nuevas herramientas tecnológicas. Además, ha señalado que se está trabajando en nuevos sistemas de gestión interna para optimizar el funcionamiento del servicio. Con ambas posturas sobre la mesa, el conflicto continúa sin una solución clara a corto plazo. Mientras los policías mantienen sus movilizaciones, el Ayuntamiento insiste en que el acuerdo sigue vigente pero requiere ajustes legales. La negociación sigue abierta y de ella dependerá si el acuerdo de 2024 se materializa finalmente.
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