El Comercio
La tardía renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era, a estas alturas, inevitable. El 12 de abril, más de 52,000 ciudadanos de Lima no pudieron ejercer su derecho al voto porque el material electoral nunca llegó a 187 mesas de sufragio en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. La institución mintió al afirmar que todo el material había sido distribuido correctamente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interpuso contra Corvetto una denuncia penal por esos hechos, un hecho sin precedentes en la historia electoral peruana. Con ese historial encima, su permanencia al frente de la segunda vuelta era sencillamente insostenible.
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