Cope Zaragoza
El sufrimiento de las familias de los cinco mineros fallecidos en la mina de Cerredo se ha multiplicado tras conocer el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria, que concluye que la tragedia "se pudo y se debió detectar y prevenir". Beatriz Llamas, abogada de los familiares de cuatro de los cinco trabajadores muertos por la explosión de grisú ocurrida el 31 de marzo de 2025, ha confirmado en declaraciones a COPE Asturias que los informes ratifican lo que sospechaban: que el Gobierno de Asturias "falló al no ejercer el control que le correspondía". Las familias "están desesperadas y se sienten abandonadas por el Gobierno de Asturias, del que no han recibido "ni una sola llamada" en los casi 13 meses transcurridos desde la explosión. "El gobierno de Asturias, como una administración, no las ha llamado para darles el apoyo y decirles estamos aquí, no se preocupen", lamenta la abogada, que subraya la lentitud del proceso judicial y el desamparo de los afectados. El borrador del dictamen, presentado por la diputada Covadonga Tomé, es contundente y pide la reprobación y cese de siete altos cargos por sus "responsabilidades personales y políticas". La lista incluye a tres exconsejeros de Industria del Gobierno de Adrián Barbón: Belarmina Díaz, que dimitió tras el siniestro; Nieves Rorqueñí, actual presidenta del puerto de Gijón; y Enrique Fernández, ahora presidente de Hunosa. También señala al exviceconsejero de Industria Isaac Pola y a tres altos funcionarios del Servicio de Minas: Alberto Quirino, Santiago Berjano y el jurista Gonzalo Martín. El informe detalla una "cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada". Se critica la aprobación de autorizaciones incompatibles entre sí, la falta de supervisión en la transmisión de derechos a la empresa Blue Solving y la creación de figuras no recogidas en la normativa minera como los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), que habrían permitido una actividad extractiva prohibida. Pese a la dureza del informe, el PSOE se niega a asumir responsabilidades políticas. Sin embargo, esta postura no es unánime en el socialismo asturiano. El sindicato minero Soma-Fitag-UGT sí ve "responsabilidades políticas" y su secretario general, José Luis Alperi, ha instado al presidente del Principado a adoptar decisiones. "Asumir esas responsabilidades no es una opción, es una obligación ética y política", ha declarado Alperi. Mientras tanto, el presidente del Principado, Adrián Barbón, guarda silencio. Se encuentra de viaje institucional en México, a casi 9.000 kilómetros de Asturias, y no ha realizado ninguna declaración pública sobre el dictamen. Toda la oposición le señala como máximo responsable de los fallos en la administración que condujeron al accidente.
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