COPE
El pueblo de Langre, una localidad perteneciente al municipio de Berlanga del Bierzo (León), ha dicho basta. En una masiva asamblea vecinal celebrada el pasado 18 de abril, los habitantes han mostrado una oposición unánime y firme ante el proyecto de la multinacional Galileo y el fondo de inversión neozelandés Infratil. Bajo el lema "Ni por todo el oro del mundo”, los vecinos han decidido priorizar la integridad de su tierra y la salud pública frente a una oferta económica que califican de “espejismo financiero”. En una votación a mano alzada, el pueblo ha cortado de raíz cualquier avance del proyecto con un “no” rotundo. La hoja de ruta de la empresa planteaba una fase inicial con la instalación de dos torretas de medición para evaluar la fuerza del viento. Este paso era el preámbulo para la construcción de un parque eólico compuesto por 11 aerogeneradores en los montes cercanos al núcleo poblacional. Los vecinos consideran que el modelo propuesto no aporta valor añadido a la comarca y responde a un sistema de “extractivismo puro”, donde el capital se marcha mientras los costes ambientales permanecen en El Bierzo. La plataforma vecinal ha sido especialmente crítica con el reparto económico. La empresa ofrece una compensación anual de 55.000 euros para la junta vecinal, pero los vecinos denuncian que el 100% de los beneficios industriales saldría fuera de España y no se prevé empleo local real, ya que el mantenimiento sería remoto. Según su manifiesto, el fondo Infratil obtendría beneficios millonarios, mientras el pueblo recibiría únicamente “el zumbido de las aspas”. Para Langre, la instalación de estos aerogeneradores no es solo un impacto paisajístico, sino una cuestión de supervivencia. Alertan del impacto del ruido de baja frecuencia y del efecto de sombra intermitente, factores que podrían afectar al descanso y la calidad de vida de los habitantes. Además, las cimentaciones de gran tamaño alterarían de forma irreversible el suelo y la biodiversidad, poniendo en riesgo cultivos tradicionales. Temen también un desplome en el valor de viviendas y terrenos, lo que consideran una “traición al legado de sus antepasados”. Pese a la negativa, existe preocupación por que la empresa solicite la declaración de Utilidad Pública para forzar expropiaciones. Ante ese escenario, el pueblo se mantiene “sereno pero vigilante”, defendiendo que el verdadero interés general es proteger el entorno y la salud, no facilitar negocios privados. El manifiesto del pueblo concluye con una declaración de intenciones: “Nuestra tierra no es un activo financiero, es nuestro hogar”. Se niegan a convertirse en una “zona de sacrificio” bajo la bandera de una transición verde que consideran injusta.
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