Cope Zaragoza
Nuevos documentos del 'caso Koldo' ponen en una situación comprometida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un escrito publicado por el diario ‘El Mundo’ confirma que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) recibió y se comprometió a estudiar una oferta de 250 millones de euros del empresario Víctor de Aldama por el cuartel general de la entidad en Madrid, un hecho que la ministra negó de forma “taxativa” en su comparecencia parlamentaria. Así lo ha explicado el subdirector de ‘El Mundo’, Esteban Urreiztieta, en el programa 'El Cascabel' de TRECE. La participación de Aldama en esta operación se debe, según la información, a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos. Fue él quien proporcionó al empresario “información privilegiada” sobre la intención del Ministerio de Hacienda de vender patrimonio para “hacer caja y tener liquidez”. La Guardia Civil llega a calificar a Koldo como el “facilitador de los intereses empresariales de Aldama”, siendo este uno de los ejemplos más claros de su labor. De haberse completado la operación, Aldama habría percibido comisiones cercanas a los 15 millones de euros, que tenía previsto repartir con altos cargos de Transportes que le facilitaron su “posición privilegiada” en la oferta. A pesar de las negativas de la ministra, que aseguró que “no existió jamás ningún tipo de vínculo con Aldama” y que todo eran “fabulaciones de un delincuente”, la documentación demuestra lo contrario. Aldama, en alianza con un fondo de inversión de Hong Kong, presentó la oferta por registro oficial. La propuesta recibió un acuse de recibo por parte de Antonio Cervera, uno de los máximos responsables de la SEPI y persona de la máxima confianza de Montero. En dicha comunicación, la SEPI no solo acusó recibo, sino que se comprometió a analizar la propuesta. El documento señala que “van a estudiar la oferta y que le darán una respuesta en un plazo de tiempo prudencial”. Este hecho, según ha relatado Urreiztieta, evidencia que “claro que existió comunicación” y que Aldama trabajó en la oferta con la SEPI “durante varios meses”, aunque finalmente la operación no fructificara. El argumento de Montero de desacreditar al empresario por ser un “delincuente” también ha sido puesto en entredicho. Como se ha recordado en el debate, la Fiscalía Anticorrupción está aplicando atenuantes a Aldama a cambio de su colaboración. Esto significa que el ministerio público “le da credibilidad a algunas de las cuestiones que ha denunciado”, lo que desmonta la defensa de la ministra. El contexto se agrava al recordar que el expresidente de la SEPI, también persona de confianza de Montero, está imputado en la causa. Además, las pesquisas de la UCO investigan una posible “SEPI paralela” que operaba desde un piso privado en Madrid con la orden de vender el patrimonio inmobiliario de las empresas públicas para hacer caja. Urreiztieta ha concluido que es inverosímil que la ministra de Hacienda desconociera una operación de tal magnitud, que afectaba a “uno de los patrimonios más importantes del Ministerio de Hacienda”. La influencia de Aldama, por tanto, no estaba “encapsulada en Transportes”, sino que se extendía a otros ministerios clave del Gobierno de Pedro Sánchez.
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