El Plural
La Presidencia maniatada de Extremadura y Aragón, a las que se sumará próximamente Castilla y León, está saliendo muy cara al Partido Popular (PP). Los de Alberto Núñez Feijóo se han arrojado a los brazos racista de Vox y las alusiones al "arraigo" no están consiguiendo ni de lejos opacar la "prioridad nacional" que la extrema derecha ha conseguido grabar en los pactos suscritos. María Guaridola, reelegida líder extremeña, ha intentado negar lo firmado y Génova ha buscado disimular en el Congreso de los Diputados, pero lo firmado no deja lugar a dudas. La primera página del pacto suscrito en Extremadura ya recoge la "prioridad nacional", que defiende que los españoles tengan preferencia de acceso a servicios y ayudas públicas frente a residentes, regulares o irregulares, con otra nacionalidad, iniciativa ilegal. Hasta en cuatro ocasiones aparece en el texto extremeño y tres en el suscrito en Aragón, a más de otras políticas xenófobas contra migrantes, menores no acompañados y ONGs que auxilian a personas vulnerables. Sin embargo, según la dirección nacional del PP, los ojos de los ciudadanos mienten, dado que lo único pactado es el "arraigo". Génova está decidida a llegar con esta tesis hasta el final, razón por la cual ha tumbado, este miércoles en la Cámara Baja, una moción de los de Santiago Abascal que instaba a aplicar el la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas y a derogar la regularización extraordinaria de migrantes aprobada recientemente. El PP era favorable a la propuesta presentada por Vox, pero, debido al revuelo causado por su apoyo a la persecución racial impulsada por los ultras, añadieron a última hora una enmienda. El texto impulsado por Vox proponía "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal" en España; establecer "la prioridad nacional" en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda; impedir el acceso de los migrantes en situación irregular a la sanidad, salvo que se estén muriendo ("urgente y de carácter vital"), negar la asistencia gratuita a los migrantes y derogar el real decreto para la regularización extraordinaria. El PP está de acuerdo, pero sugirió introducir un matiz para evitar las acusaciones de racismo y sortear la legalidad. "Arraigo real, duradero y verificable", quería introducir el principal partido de la oposición. Es decir, la misma discriminación propuesta por la ultraderecha, pero basada en el empadronamiento, vinculación con el lugar de residencia, cotización, permanencia y contribución al sistema. Atendiendo al ejemplo de Madrid, para acceder a una vivienda pública es necesario llevar empadronado diez años. La traducción al texto de Vox significaría que una persona cuyo empadronamiento sea inferior a diez años no podría recibir asistencia sanitaria ni ayudas sociales, si bien en la práctica solo afectaría a migrantes, pues no se puede negar a los nacionales. Un subterfugio del PP que, no obstante, no ha sido aceptado por Vox. Como respuesta, los de Feijóo se han unido al resto de formaciones políticas y han tumbado la moción de Abascal. Esto...
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