Cope Zaragoza
"Un paso fundamental para el futuro de Montencinar". Así ha calificado el equipo de Gobierno de El Escorial la aprobación en Pleno de una partida de 750.000 euros destinada a la redacción del proyecto técnico de urbanización. Dice el Ayuntamiento que está realizando esfuerzos económicos y administrativos para poder alcanzar el objetivo. La urbanización de Montencinar precisa de trámites y estudios previos que, dada la complejidad del ámbito, deberán contar con medios, empresas y profesionales especializados. Por ello, se ha aprobado una cuantía económica mayor a la presupuestada en 2025 para proceder a la contratación de una empresa de ingeniería especializada en el estudio y la redacción del proyecto que refleje la realidad de los costes. "Se trata de la mayor inversión efectuada en años, sin duda. Es clarificador el apoyo y trabajo que desde el Gobierno estamos realizando, dirigido a los vecinos de Montencinar", ha dicho la edil de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Vanesa Herranz. La partida, que se financiará a través del Remanente de Tesorería, se ha incrementado en función de la estimación del presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización necesarias, que contemplan también el aumento de los costes y la compleja naturaleza del área a estudiar por su amplia extensión y su firme irregular. "Nos encontramos en un momento relevante para el futuro de Montencinar, con un Gobierno dispuesto a invertir lo legalmente necesario para que los pasos a seguir en el ámbito sean firmes y prósperos para el presente y futuro de esta zona de nuestra localidad", añade Herranz. El área de Montencinar es suelo urbano no consolidado que cuenta con un 1.365.763,75 metros cuadrados, con más de 800 parcelas calificadas con uso residencial, tipología unifamiliar aislada, con un elevado grado de edificación ejecutada y con una topografía y geología especiales. Hay que recordar que esta zona de El Escorial arrastra problemas históricos, centrados en la falta de infraestructura básica, como alcantarillado, alumbrado público y asfaltado -prácticamente todas sus calles están aún en tierra-. Durante décadas ha existido una gran inseguridad jurídica, con largos procesos de judicialización del Plan Especial de Reforma Interior (PERI III) y conflictos vecinales por los costes de urbanización.
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