Cope Zaragoza
La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) ha presentado alegaciones a los procesos de declaración de zonas tensionadas en varios municipios de Asturias. Entre esas zonas está el barrio de La Magdalena, en Avilés. CAC - Asprocon también ha alegado contra los procesos abiertos en Gijón, Gozón y Llanes. En el caso de Avilés, la intención del equipo de gobierno municipal era que se extendiera a seis barrios más, pero la normativa autonómica lo impedía. Pese a ello, el Ayuntamiento de Avilés ha solicitado la inclusión del municipio entero como zona tensionada. El presidente de la Confederación, Joel García, ha explicado en una entrevista en COPE Avilés que los principales argumentos para sus alegaciones se basan en la falta de justificación y en errores metodológicos de la propuesta. Según García, uno de los motivos principales de las alegaciones es la "falta de justificación del especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible". Señala la ausencia de un informe de oferta y demanda de vivienda, un requisito que considera imprescindible y cuya falta convierte la declaración en "arbitraria o vulnerable a impugnaciones judiciales". Además, las alegaciones apuntan a que la memoria justificativa del expediente no aporta un "análisis riguroso y actualizado sobre la situación socioeconómica y demográfica". García critica que se utilicen datos con un marco temporal "desfasado", tomando como referencia el periodo 2018-2023 cuando existen datos oficiales más recientes. Para el presidente de CAC - Asprocon, las medidas propuestas por el Gobierno y el Principado no ayudarán a solucionar el problema de la vivienda. Al contrario, afirma con rotundidad que la intervención "lo va a empeorar, sin duda". Considera que "detrás de esta ley hay una carga ideológica terrible" y que está demostrado que cada vez que se interviene el mercado, los precios suben. García propone una serie de medidas alternativas como generar seguridad jurídica, incentivar la oferta, agilizar procedimientos, reducir las cargas urbanísticas y fiscales, impulsar ayudas y avales públicos para jóvenes o facilitar un seguro de impagos. El presidente de los constructores asturianos asegura que lo que más influye en que no haya vivienda "son las leyes". Critica la excesiva burocracia existente en la actualidad, los plazos y los costes fiscales, mencionando que existen entre "14 o 18 cargas impositivas en una vivienda antes de acabar de construirla".
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