ABC
Que Pedro Sánchez sea doctor en Economía debería ser, sobre el papel, una garantía de solvencia para las cuentas públicas. Sin embargo, al analizar su gestión, se observa una preocupante desconexión entre la capacidad académica y el ejercicio del poder. La formación técnica no se está traduciendo en una administración eficiente para el ciudadano, sino en una sofisticada arquitectura destinada al trasvase de capital hacia sus redes de afines. La economía, como ciencia social, pierde su sentido cuando se despoja de la prudencia y la integridad. No basta con conocer los mecanismos financieros; es imperativo aplicarlos bajo el respeto al Estado de derecho y la dignidad que este debe garantizar. Resulta inadmisible que el presupuesto público, alimentado por el esfuerzo de todos, se convierta en una herramienta de ingeniería política para favorecer intereses particulares y clientelares, desvirtuando el principio de igualdad. Un título académico de tal nivel no puede servir de parapeto para normalizar el despilfarro en la asignación de recursos. La excelencia de un gobernante no se mide por sus estudios, sino por su capacidad para anteponer el bien común a la supervivencia de su entorno político. Sin ética y compromiso, el doctorado es solo una credencial vacía al servicio de una gestión que confunde la caja del Estado con un patrimonio privado. José Cárdenas Cadierno. Málaga Como estudiante de Derecho, me enfrento a diario al estudio de un ordenamiento que, lejos de ser un refugio de seguridad, se ha convertido en una selva inabarcable. España padece una inflación legislativa sin precedentes: miles de normas estatales, autonómicas y europeas se solapan cada año, creando un ecosistema jurídico donde la claridad es la gran ausente. El viejo aforismo latino «ignorantia iuris non excusat» (la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento) ha pasado de ser un principio de orden a convertirse en una carga heroica e imposible para el ciudadano común. ¿Cómo se puede exigir el cumplimiento estricto de la norma cuando ni siquiera los profesionales somos capaces de abarcar tal volumen de disposiciones? Esta hiperregulación no solo asfixia la iniciativa privada y burocratiza la existencia, sino que debilita el respeto por la ley al transformarla en algo mutable, farragoso y, a menudo, contradictorio. La calidad de nuestra democracia no debería medirse por la cantidad de leyes que emanan de sus parlamentos, sino por la estabilidad y sencillez de las mismas. Una sociedad que necesita un manual de instrucciones para cada acto cotidiano es una sociedad que camina hacia la indefensión. Menos es más: necesitamos leyes sólidas que garanticen la libertad, en lugar de un laberinto de papel que solo alimenta la inseguridad jurídica. Es hora de recuperar la esencia del Derecho: servir de guía, no de obstáculo. Thalía López Sancho. Zaragoza
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