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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado a la magistrada Manuela, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz, por un delito continuado de prevaricación judicial. La sentencia impone una pena de 16 años de inhabilitación para ejercer cargos judiciales y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros. El tribunal considera probado que la jueza dictó resoluciones injustas "a sabiendas" para mantener el embargo de la cuenta bancaria de un ciudadano que ya había sido absuelto. Los hechos se originan en un procedimiento penal contra un ciudadano, Cayetano, a quien se le embargó una cuenta con 830.000 euros en Portugal. Aunque fue absuelto por la Audiencia Provincial de Badajoz en abril de 2019 "con todos los pronunciamientos favorables", lo que obligaba a levantar el embargo de inmediato, la jueza Manuela se negó a hacerlo. Durante los siguientes cinco años, la magistrada dictó múltiples resoluciones para mantener el bloqueo de la cuenta. Su argumento se basaba en supuestas responsabilidades pendientes en Portugal, pero las autoridades lusas informaron oficialmente de que la única causa existente estaba archivada desde 2014. La jueza ignoró estos informes y persistió en retener el dinero de forma injustificada. La situación escaló hasta el punto de que, en agosto de 2020, la jueza denunció a Cayetano por un presunto delito de apropiación indebida por haber retirado dinero de su propia cuenta. Esta acción dio lugar a nuevas diligencias penales que, finalmente, fueron archivadas en 2022, mientras el embargo sobre sus fondos seguía vigente. El TSJ de Extremadura fundamenta su fallo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la prevaricación judicial, que no exige un móvil corrupto, sino que la resolución sea objetivamente injusta y que el juez sea consciente de ello. La sentencia concluye que la magistrada conocía la situación y aun así impuso su voluntad, calificando su conducta como "prevaricación continuada" porque "actuó a sabiendas" de la ilegalidad de sus decisiones. La Audiencia de Badajoz tuvo que corregir a la magistrada en dos ocasiones, recordándole que el embargo era nulo desde la absolución. Incluso después de que el tribunal superior ordenara el levantamiento total de la medida en julio de 2024, la jueza dictó una nueva providencia para mantener un embargo parcial de 42.593 euros, alegando la minuta de un abogado en una pieza que ni siquiera estaba abierta. Como consecuencia de estos hechos, la magistrada deberá indemnizar a Cayetano con 15.000 euros por el daño moral sufrido, siendo el Estado español responsable civil subsidiario. La sentencia destaca el perjuicio causado, incluyendo "el largo tiempo en el que ha estado privado de la libre disponibilidad de sus bienes" y el hecho de que "fue sometido a un nuevo procedimiento judicial penal con todo lo que ello conlleva", obligándole a interponer múltiples recursos. Por otro lado, la jueza ha sido absuelta de un delito contra la libertad individual del que también se la acusaba, en aplicación del principio "in dubio pro reo" por dudas en la interpretación de los hechos. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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