Cope Zaragoza
La madre de Javier, uno de los dos técnicos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde hace más de un año, ha tomado una drástica decisión para visibilizar la situación. Con 83 años, ha abandonado su medicación y ha iniciado una huelga de hambre. Su objetivo es denunciar el bloqueo del caso y la falta de respuesta por parte de las instituciones españolas. Así lo ha contado su otro hijo, Aarón Marañón, en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, donde ha expresado la creciente preocupación de la familia: "Ha tomado esa decisión viendo que no se consigue nada y, como dice ella, desde hace meses no le va a dar tiempo a verlo con vida". La preocupación por su estado es máxima. "Al dejar de comer ya ayer, pues está cada vez más floja, y claro, pues puede ser fatal, porque una persona con 83 años, las patologías que tiene y en este estado, pues, esto puede ser fatal", ha lamentado Aarón. La familia se siente sin argumentos para convencerla de que abandone su protesta ante la inacción que perciben. Javier y David, los dos técnicos españoles, fueron contratados para instalar un servicio de televisión digital terrestre en Guinea Ecuatorial. Acabaron detenidos por una supuesta trama de corrupción y trasladados a la cárcel de Playa Negra, una de las más hostiles de África. Llevan más de un año en prisión provisional sin una acusación formal clara y en condiciones de total incomunicación, un limbo que se alarga desde hace ya 15 meses. El deterioro físico y psicológico de los presos es alarmante. Aarón ha relatado que su hermano Javier "había perdido muchísimo peso, que estaba muy débil, le costaba levantarse y andar". La comunicación con ellos es prácticamente nula. La última vez que Aarón habló con su hermano fue en enero del año pasado, salvo por una llamada de menos de un minuto en diciembre. No se les permite recibir cartas, leer periódicos ni firmar documentos, hasta el punto de no poder hacer testamento. La familia denuncia una total "falta de resultado" por parte de las autoridades españolas. "Hemos tenido contacto con el ministerio con cientos de emails, con la embajada que nos comenta, pues, todas las reuniones que hacen, que después no se traducen en ningún resultado", ha explicado Aarón. La familia presentó 60.000 firmas en el ministerio pidiendo ayuda, sin obtener "ningún comentario, ningún correo, nada al respecto". Tampoco el Gobierno se puso en contacto con ellos tras leer un manifiesto en el Congreso de los Diputados. La frustración es evidente. "Lo que pedimos es eficacia, porque después de 15 meses, no solo no han conseguido su libertad, sino que además no consiguen ni lo mínimo, que se respeten sus derechos", ha sentenciado Aarón. La familia solicitó en mayo del año pasado un contacto directo de las autoridades españolas con las de Guinea, pero la petición fue denegada, insistiendo en que todo debía canalizarse a través de la embajada, una vía que, según la familia, se ha demostrado ineficaz. "No hay ningún resultado en 15 meses". Aunque en medios de comunicación de Guinea se les ha incluido en la trama de corrupción, no existe una acusación formal. La familia insiste en su inocencia, argumentando que eran "dos trabajadores básicos". "Un administrativo y un técnico de vídeo no pueden ser los responsables de un proyecto de 30 millones de euros", ha defendido Aarón, quien ha añadido que "ni tenían poder de decisión ni de gestión dentro de la empresa". Según su relato, el verdadero responsable "salió el día antes de que los detuviesen a ellos". La hipótesis de la familia es que se les mantiene retenidos como medida de presión hacia la empresa para obtener una compensación por un proyecto que el gobierno de Guinea considera irregular. El propio vicepresidente del país publicó que existían negociaciones con los abogados de la compañía, pero estas llevan meses sin dar frutos. "Si esa negociación que lleva meses no llega a ningún acuerdo o tarda meses o años, pues, ¿qué pasa? Que ellos están allí indefinidamente", ha reflexionado Aarón. La última prueba de vida que tuvieron fue hace un mes y medio, durante una de las cinco visitas consulares que se han producido en todo este tiempo. Estas visitas son de media hora y bajo vigilancia. Desde entonces, no ha habido más contacto oficial. La desesperación de los encarcelados, según su familia, tiene que ser "absoluta", al desconocer todo lo que ocurre en el exterior. Aarón ha concluido con un amargo reproche: "Con estos dos españoles, pues, ni la administración española ni la europea está haciendo nada que dé resultado".
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