Faro de Vigo
Amnistía Internacional exige al Concello de Vigo que «aplique o control do prezo do alugueiro previsto na Lei de Vivenda», mecanismo que se puede ejecutar con el visto bueno previo de la Xunta de Galicia. El Gobierno local, a pesar de que dispone de un informe encargado por la propia insitución en el que se dictamina que la ciudad cumple con uno de los requisitos para solicitar esta acción, prefiere optar por otras medidas encaminadas a facilitar el acceso a una vivienda, un objetivo cada vez más difícil en la urbe.
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