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El Ayuntamiento de Cartagena ha tramitado más de 1.100 solicitudes de informes de vulnerabilidad en apenas tres días debido al último decreto de regularización de migrantes del Gobierno central. Esta cifra contrasta drásticamente con las tres o cuatro peticiones que los Servicios Sociales gestionan de forma habitual a la semana, lo que ha provocado un colapso en el sistema. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha calificado la situación de “caos” y ha criticado la “improvisación e irresponsabilidad” del Ejecutivo nacional. En una entrevista en Antena 3, Arroyo ha puesto en valor el compromiso y la profesionalidad de los empleados públicos municipales para afrontar el aluvión de peticiones. Para hacer frente a la situación, el consistorio ha tenido que reforzar servicios, ampliar horarios y establecer turnos de tarde “para garantizar una atención digna”. Según ha explicado la alcaldesa, se ha desplegado a personal técnico y traductores incluso a pie de calle para gestionar las colas y agilizar los trámites de manera anticipada. “Hemos tenido que habilitar a más empleados públicos y destinar recursos y partidas económicas estrictamente municipales”, ha subrayado Arroyo. La regidora ha lamentado que el Gobierno de España no haya contado con los ayuntamientos para unificar criterios o establecer procedimientos antes de la entrada en vigor de la medida. “No nos han dado ningún tipo de instrucción, ni nos han convocado a ninguna reunión hasta dentro de una semana, cuando ya llevamos quince días gestionando este caos por nuestra cuenta”, ha criticado. Arroyo también ha mostrado su preocupación por otros municipios con menores recursos que puedan estar teniendo problemas para afrontar esta situación. “El Ayuntamiento de Cartagena tiene capacidad para hacerlo porque es un gran ayuntamiento, pero tengo compañeros en otros municipios con menores recursos que están teniendo muchos problemas”, ha señalado. Finalmente, la alcaldesa ha asegurado que el Gobierno local seguirá haciendo “todo lo necesario” para que este incremento de solicitudes no afecte al resto de gestiones que los ciudadanos realizan habitualmente en los Servicios Sociales municipales.
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