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El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha estimado el recurso presentado por WWF España y ha anulado el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026 aprobado por el Gobierno del Principado de Asturias. La sentencia concluye que el Ejecutivo autonómico autorizó un cupo de eliminación de lobos sin contar con una cobertura legal válida, vulnerando el marco normativo vigente, según informó este jueves WWF España. El tribunal considera que el programa recurrido se apoyaba en el II Plan de Gestión del Lobo de Asturias, aprobado en 2015 y que quedó sin efecto cuando el Estado incluyó en 2021 todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Según la sala, la posterior reforma legal de 2025, que excluye al lobo al norte del Duero de esa protección reforzada, no reactiva automáticamente normas autonómicas previamente derogadas, por lo que el Principado carecía de base jurídica para autorizar controles letales. De este modo, la Justicia da la razón a WWF España y a otras organizaciones conservacionistas, y deja claro que no se puede matar lobos sin una planificación legalmente vigente y conforme al Derecho estatal y europeo, con lo que anula el programa aprobado para 2025 y 2026. «Esta es una sentencia clave para la conservación del lobo y la Justicia ha sido muy clara: el Gobierno de Asturias no puede seguir en su huida hacia adelante y no puede autorizar matanzas de lobos sin una base legal válida. El lobo no puede ser gestionado al margen de la ley ni mediante atajos políticos», según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. La resolución judicial sigue la doctrina reciente del Tribunal Supremo y refuerza el principio de que incluso en los territorios donde el lobo no cuenta con protección estricta, cualquier medida de gestión o control poblacional debe estar respaldada por una planificación sólida, jurídicamente válida y compatible con el Derecho europeo. El tribunal subraya que las comunidades autónomas no pueden actuar como si la protección reforzada del lobo nunca hubiera existido. «La anulación del programa asturiano evidencia que la retirada de esa protección no legitima automáticamente la vuelta a las matanzas, ni permite recuperar planes de gestión obsoletos», según WWF España. Para WWF, la eliminación sistemática de lobos no solo es ineficaz a medio y largo plazo, sino que agrava el conflicto social, debilita la conservación de la especie y vulnera la normativa ambiental. «La convivencia con el lobo no se construye a base de cupos de eliminación, sino con prevención, apoyo eficaz a la ganadería extensiva y respeto a la ley», indicó Del Olmo. Esta organización ambiental deseó que esta sentencia sirva como «un punto de inflexión» en la política del lobo en Asturias y en otras comunidades autónomas que también siguen políticas similares como Cantabria. «La conservación del lobo exige responsabilidad institucional. No se puede seguir improvisando ni aprobando programas que los tribunales desmontan uno tras otro», concluyó Del Olmo.
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