COPE
Fue el pasado 12 de febrero cuando la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago sufrió un importante incendio en la zona de los sótanos de estas instalaciones que, desde entonces, han provocado que se encuentre cerrada y totalmente inoperativa. Lo que ha originado innumerables perjuicios tanto a los agentes que desarrollaban en estas instalaciones su actividad policial, como a los ciudadanos que desde entonces, deben realizar cualquier trámite como la presentación de denuncias en las provisionales y escasas en espacio oficinas abiertas frente a la comisaría. O en las dos furgonetas, unidades móviles, que desde hace semanas se han convertido en un elemento más de la Plaza del Obradoiro, ya que ambas se sitúan a diario en los soportales del Concello compostelano para atender requisitos como renovaciones de DNI o pasaportes. Una situación de la Policía Nacional en Santiago de Compostela “insufrible”, como apunta Agustín Vigo, coordinador regional de la Confederación Española de Policía (CEP) en Galicia, en una comparecencia ante la comisaría calcinada y cerrada desde febrero. Denunciando que al problema endémico de la falta de medios, se suma ahora el abandono tras el incendio, con un aumento de la delincuencia del 20% en la ciudad desde 2019, un 121% más de delitos violentos y un 60% más de criminalidad general. Y que conlleva que los agentes trabajen hacinados, “como piojos en costura”, en las pocas dependencias que quedan operativas, generando escenas “desagradables” con detenidos cruzándose con ciudadanos y familias. Hasta tal punto que la falta de calabozos obliga a realizar una “visita turística por otras instalaciones policiales”, ya que son trasladados a dependencias policiales de la Guardia Civil o de la propia Policía Nacional en Ribeira o A Coruña, detrayendo agentes del servicio diario. “Menos gente para trabajar, menos gente para perseguir el delito, la situación peor no puede ser”, ha lamentado Vigo. El responsable del sindicato policial ha acusado directamente a la administración y al ministro Fernando Grande-Marlaska de “no tomarse en serio este problema”. Critica que la solución avanza por un “procedimiento de caracol”, sin plazos, ni fechas, ni presupuesto conocido. “A mi me da la impresión de que en el 2027 vamos a seguir en esta situación”, ha sentenciado con pesimismo, basándose en su experiencia en el cuerpo. Para Vigo, resulta “totalmente inaceptable” la imagen que se proyecta desde la capital de Galicia, una de las capitales culturales europeas y un referente internacional. “¿Qué estamos diciendo al mundo? ¿Que damos pena, que somos el tercer mundo?”, se ha preguntado retóricamente, afeando la parálisis institucional. Desde la CEP exigen “gastar el dinero bien gastado” y construir “una comisaría para el siglo XXI y no para el siglo XIX”. Vigo ha defendido la necesidad de unas instalaciones nuevas, preparadas para el futuro y las nuevas tecnologías como los drones o la inteligencia artificial, e incluso con un helipuerto. Considera que reformar las actuales dependencias es un error: “Estaremos en pocos años gastando dinero del contribuyente otra vez de nuevo”. El interior de la comisaría sigue impracticable. El incendio alcanzó temperaturas de 1.000 grados que reventaron zonas y derribaron paredes. Vigo ha advertido de que el ambiente está cargado de “sustancias y partículas” que desaconsejan entrar sin equipos especiales. A día de hoy, “no ha empezado ninguna obra”, más allá de “tapar agujeros” y acondicionar pequeños espacios donde “ya no cabe nadie más”. Agustín Vigo ha contrapuesto la falta de inversión en Galicia con los “400 millones de euros” destinados en “nada de tiempo” a Cataluña, Navarra o el País Vasco. “Aquí algo no funciona, los contribuyentes pagan dinero para tener un servicio, no para que unos tengan y otros no”, ha declarado, calificando la situación de “caótica y vergonzosa” y pidiendo dimisiones. “A algún debiera caérsele la cara de vergüenza y dimitir inmediatamente”, ha concluido. Respecto a la colaboración de otras administraciones, Vigo ha confirmado que no tienen constancia de ninguna ayuda más allá de la que puntualmente les presta la Guardia Civil. A pesar de que en un primer momento se barajó la posibilidad de que bien la Xunta de Galicia o bien el Concello de Santiago cedieran locales y espacios para poder retomar la actividad policial ordinaria que, dos meses y medio después del incendio, se mantiene en precario en la capital de Galicia.
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