ABC
La precariedad de los autónomos en España ha dejado de ser una anomalía para convertirse en un rasgo estructural. Dos tercios del colectivo no alcanzan el salario mínimo, lo que evidencia una debilidad persistente de ingresos y una alta volatilidad laboral. Esta realidad no responde únicamente a ciclos económicos, sino a un diseño institucional que penaliza la actividad por cuenta propia. La reciente reforma de cotizaciones , aunque orientada a la equidad, ha introducido incertidumbre en la planificación de ingresos y cargas. Además, la fiscalidad, la burocracia y la dificultad de acceso a financiación limitan la capacidad de crecimiento. El resultado es un tejido productivo fragmentado, con miles de profesionales obligados a la pluriactividad para sostener rentas básicas. Desde una perspectiva institucional, esta situación erosiona la base contributiva y debilita la competitividad. No basta con ajustes parciales: es preciso simplificar el marco regulatorio, incentivar la productividad y garantizar seguridad jurídica. España necesita autónomos viables, no supervivientes.
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