La protección de la infancia no admite lagunas

El anuncio de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de reformar la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia llega tarde, pero es imprescindible. La existencia de una grieta legal que ha permitido que personas condenadas por acoso continúen ejerciendo en ámbitos vinculados a menores revela una realidad incómoda: incluso las normas concebidas para blindar derechos fundamentales pueden fallar en su aplicación práctica. El caso del profesor mallorquín Miquel Roldán ha actuado como detonante, pero dista de ser un episodio aislado. La propia ministra ha admitido durante su visita a la Isla la existencia de situaciones similares en otros territorios. No estamos, por tanto, ante una anomalía, sino ante una carencia estructural: cuando la protección de los menores depende de interpretaciones o de que las sentencias incluyan inhabilitaciones específicas, el sistema deja de ser preventivo.

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