El Plural
El entorno digital es hoy el espacio donde se forma la opinión, donde se construye la identidad, donde se produce buena parte de la vida social. La ciudadanía —y especialmente las y los menores— merece un entorno digital seguro, regulado y justo. Lo exige Europa. Lo exige la responsabilidad. Y lo exige, sobre todo, el sentido común. Permitir que ese espacio siga sin supervisión efectiva no es una posición neutral. Es una elección. Y el Partido Popular ha elegido el bloqueo. Hay votaciones que van más allá de la aritmética parlamentaria. Hay votaciones que hablan de quiénes somos como sociedad y de la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones que nos siguen. La que tuvo lugar el pasado martes 14 de abril en el Pleno del Congreso es una de ellas. El Gobierno designó a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales en España, si bien además de esta designación es necesaria una habilitación legal, aprobada en el Congreso, para que este organismo pueda desarrollar plenamente todas las competencias que el marco jurídico le encomienda. El Partido Socialista llevó a la Cámara una Proposición de Ley clara, necesaria y urgente: dotar de cobertura legal plena a la CNMC, a través de una habilitación legislativa, para que pudiera ejercer como coordinadora de servicios digitales en España, tal y como exige el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, el conocido como DSA. Una obligación europea. No una ocurrencia. No una iniciativa ideológica. Una exigencia de Bruselas y que afecta directamente a la seguridad de millones de ciudadanos y ciudadanas, especialmente nuestros menores, en el entorno digital. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del DSA? Estamos hablando de la herramienta con la que Europa quiere garantizar que las grandes plataformas tecnológicas no operen al margen de la ley. Que los contenidos ilícitos sean retirados. Que los algoritmos que deciden lo que ven nuestros hijos e hijas sean transparentes y auditables. Que las y los menores de edad estén protegidos de la publicidad dirigida, de los contenidos dañinos, de las dinámicas de adicción que algunas plataformas han diseñado deliberadamente para maximizar el tiempo de pantalla sin importar el coste humano. Hablamos, en definitiva, de civilizar el espacio digital. Para que todo eso funcione en España, la CNMC necesita respaldo legal. Y eso era exactamente lo que la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno del Congreso ofrecía: una vía ágil, eficaz y urgente para que el organismo supervisor pueda ejercer sus funciones con plenas garantías jurídicas. No es una opción más. Es una necesidad. Y es la vía más rápida para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea, que ya ha advertido a España del retraso acumulado. Esta habilitación legal se ha incluido, con anterioridad, en distintas iniciativas legislativas, pero no ha sido posible su aprobación. Distintos dirigentes del PP han manifestado públicamente y también en sede parlamentaria, en reiteradas ocasiones, la necesidad de habilitar a la CNMC como coordinador de servicios...
Go to News Site