Cope Zaragoza
Un total de 465.465 personas han recibido formación para la prevención de abusos y protección de menores, según se recoge en la actividad registrada durante el año 2025 en las Oficinas para la Protección de Menores de la Conferencia Episcopal, frente a las 225.000 del año 2024. La mayor parte de los formados eran menores (363.060), seguido de profesores (34.175); padres (32.310) , agentes de pastoral, monitores de tiempo libre y catequistas (19.265); sacerdotes y religiosos ( 7.712) y seminaristas (1.388). Unos datos que ha ofrecido el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, que celebra que cada vez más personas estén interesadas en la prevención de abusos: “La formación aumenta porque se han hecho más actividades y gracias a Dios son más el número de personas que se interesan por esa formación”. Por otro parte, durante el pasado año se recibieron en las oficinas creadas por diócesis y congregaciones un total de 93 testimonios sobre abusos sexuales. A su vez, desde que se puso en marcha el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA) en febrero de 2025, se han recibido 156 solicitudes y se han emitido en total 94 dictámenes de reparación integral. En cuanto al coste de las indemnizaciones, se estima que en marzo se ha superado los dos millones de euros. Cuestionado por las declaraciones de Félix Bolaños de “el Estado decide y la Iglesia paga” tras la firma del protocolo de actuación entre la Conferencia Episcopal, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para reparar a aquellas víctimas de abusos cometidos en el seno eclesiástico que no tengan recorrido judicial, el portavoz de los obispos considera que el ministro de Presidencia cayó en “una serie de imprecisiones”. “Se decía que la Iglesia empezaba ahora a pagar, lo cual no es cierto porque la Iglesia lleva años pagando, sea por vía judicial o incluso en acuerdos fuera del ámbito judicial, existían estructuras antes de este acuerdo con el Gobierno, estaban las 220 oficinas de reparación, el PRIVA sigue trabajando sin problema y ha dado esa reparación”, ha recordado García Magán, que insiste en que la reparación a las víctimas es integral, no solo económica. En este sentido, el secretario general del episcopado recalca que corresponde al victimario indemnizar a la víctima, pero en caso de haber fallecido es la Conferencia Episcopal o la congregación a la que pertenecía la que entra subsidiariamente para garantizar la reparación. “Es una autobligación que la Iglesia se ha puesto, porque jurídicamente no es exigible”, recalca.
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