Faro de Vigo
El impuesto sobre el daño ambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada de Galicia salió adelante en diciembre de 2008 envuelto en la polémica. En el debate de aprobación en el Parlamento autonómico, el entonces conselleiro de Economía, el socialista José Ramón Fernández Antonio, defendió su aplicación para «paliar los efectos nocivos» de los aprovechamientos hidroeléctricos. La norma deja expresamente fuera a presas destinadas a abastecimiento de la población, actividades agrarias, acuicultura, recreo y navegación, así que, en la práctica, solo afecta a la energía. Pensado para financiar actuaciones y medidas de prevención, protección y conservación de los recursos naturales, la recaudación ronda los 12 millones de euros. Afecta a 45 saltos con más de 15 metros de altura. La otra parte del bipartito, el BNG, votó a favor. No el PPdeG, argumentando que el tributo podía desencadenar los temidos suplementos territoriales en el recibo de la luz de los hogares gallegos por romper la unidad del mercado en el sector. Algo que a los populares no les importó cuando a su vuelta a San Caetano lanzaron el canon eólico y los tribunales acabaron obligando a devolver una parte de lo pagado por las promotoras de los parques a costa de los mismos consumidores.
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