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En noviembre de 2025, seis universidades públicas madrileñas protagonizaron jornadas de huelga. Profesorado, personal investigador y estudiantes coincidieron en un diagnóstico poco discutido: el sistema universitario público atraviesa una fase de deterioro. Las razones eran conocidas: la infrafinanciación crónica de las universidades públicas en Madrid, la incertidumbre derivada de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que ha introducido tensiones en los procesos de estabilización y el deterioro de las condiciones del estudiantado. Sin embargo, reducir estas movilizaciones a un conflicto sectorial sería un error. La universidad no es un subsistema aislado. Es uno de los pilares sobre los que se sostiene el Estado del bienestar. Su debilitamiento no afecta solo a quienes estudian o trabajan en ella: anticipa una transformación más amplia en la capacidad del sistema para reproducirse. Durante décadas, el modelo europeo entendió la educación como una inversión estratégica. No solo para mejorar la productividad, sino para construir un espacio común de ciudadanía. La escuela y la universidad eran las instituciones encargadas de articular un marco compartido. Ese equilibrio se está erosionando. La presión demográfica y la fragmentación del mercado laboral han alterado las prioridades del Estado del bienestar. La educación tiende a ser percibida como un coste ajustable. El resultado es una combinación conocida: menos recursos, mayor presión interna y pérdida de capacidad estructural. Pero el problema no es solo presupuestario. Es también conceptual. La educación ha ido desplazándose desde la lógica institucional hacia la lógica del servicio. El estudiante se convierte en usuario, el profesor en proveedor y el conocimiento en un producto evaluado por su utilidad inmediata. Las sociedades contemporáneas son más diversas, más móviles y más complejas. Integrar esa diversidad sin disolver el marco común requiere instituciones fuertes y criterios compartidos. La educación es uno de los pocos dispositivos capaces de sostener ese equilibrio. Cuando se debilita, la fragmentación deja de ser una posibilidad y se convierte en una tendencia. Resulta legítimo plantear una cuestión que suele evitarse en el debate público: si el Estado del bienestar puede sostenerse sin establecer criterios claros de acceso a las ayudas públicas para quienes llegan del exterior en busca de un futuro mejor. La pregunta no es moral en su punto de partida, sino estructural. Los recursos no son ilimitados y el sistema se apoya en un equilibrio entre contribución y protección. El problema no reside en la llegada de nuevos ciudadanos, sino en la capacidad para integrarlos sin deteriorar sus propias condiciones de funcionamiento. Si la promesa de futuro que atrae a quienes llegan se debilita porque los servicios se saturan, porque las oportunidades se reducen o porque el vínculo entre derechos y deberes se difumina, el resultado no es una ampliación del bienestar, sino su progresiva descomposición. Dicho de otro modo: un Estado del bienestar sin límites claros no se vuelve más justo, sino más frágil. Y cuando se vuelve frágil, deja de ser garantía para todos, incluidos aquellos a quienes pretende proteger. María Victoria Torres García-Lomas. Madrid
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