Diario de Noticias
La decisión del consejero Gimeno de anular los conciertos en aulas de 14 centros educativos concertados es, creo, un grave error político. Alega criterios técnicos, descenso de la natalidad y, por tanto disminución de matriculación. Y si se trata también de utilizar criterios razonables para adecuar el destino del gasto presupuestario, es evidente que en los Presupuestos hay líneas de gasto suficientes para ese ajuste que no impliquen a servicios públicos básicos como educación o sanidad o dependencia o vivienda. En principio, el decreto afectaba a 33 centros, 19 de ellos públicos. Pero lo que el miércoles era imposible, modificar esa decisión, según expuso el portavoz del Gobierno, en unas horas fue posible y de los 33 centros afectados inicialmente, se eliminaron los 19 que forman parte de la red pública.
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