El Colombiano
La justicia administrativa cerró, al menos en primera instancia, el camino jurídico que buscaba frenar la intervención del Estado sobre los hipopótamos en Colombia . En una decisión de fondo, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedentes ocho acciones de tutela presentadas contra el plan del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el que se pretende aplicar eutanasia física y química a unos 80 de estos animales . Las demandas habían sido promovidas por ciudadanos y organizaciones que pretendían detener la caza controlada o sacrificio de los animales, descendientes de los ejemplares introducidos en la década de 1980 por el narcotraficante Pablo Escobar . Los accionantes sostenían que la medida era desproporcionada, al considerar que no se habían agotado alternativas como la esterilización o la reubicación, y advertían posibles vulneraciones a la protección animal y a los derechos de la naturaleza. En contexto: Gobierno da vía libre para la “eutanasia” de hipopótamos en el Magdalena Medio: así esperan reducir 33 animales cada año El juzgado, sin embargo, concluyó que no hay lugar a conceder las pretensiones y exhortó a las autoridades a ejecutar la estrategia de control de manera oportuna. En la sentencia se advierte que la intervención debe ser efectiva para evitar que continúe el crecimiento de una especie invasora que ya supera los 160 ejemplares en el país y cuya expansión representa riesgos ambientales y sociales, especialmente en zonas del Magdalena Medio. Además de avalar la política, la decisión incorpora un componente pedagógico. El fallo ordena a las entidades responsables desplegar campañas de información dirigidas a la ciudadanía, con el fin de explicar el origen del problema, las alternativas evaluadas, las razones por las cuales algunas no se implementaron o tuvieron un alcance limitado , y los fundamentos técnicos y científicos que sustentan la eutanasia como medida de control. El juzgado también dejó claro que cualquier decisión contraria a lo resuelto carecerá de efecto, en un intento por evitar contradicciones en la aplicación de la política pública . Incluso, señaló que futuros procesos judiciales relacionados con la gestión de estos animales deberán tener en cuenta lo decidido en esta sentencia. Desde el Gobierno se ha insistido en que la presencia de los hipopótamos afecta los ecosistemas, pone en riesgo a la fauna nativa y ha generado incidentes con comunidades cercanas. Aunque sectores ambientalistas han cuestionado la medida, el Estado ha sostenido que las opciones no letales resultan limitadas, costosas o insuficientes frente al ritmo de reproducción de la especie. El fallo, no obstante, aún puede ser impugnado ante instancias superiores. Mientras tanto, el plan de eutanasia continúa vigente y las autoridades deberán avanzar tanto en su implementación como en la tarea de explicar a la opinión pública una decisión que sigue generando controversia en el país. La medida fue anunciada este lunes por la ministra de Ambiente, Irene Vélez , quien aseguró que ningún país ha querido recibir a esos animales y que, a raíz de su alto costo, la acción sería necesaria para controlar su población. La funcionaria aclaró que, pese al inicio del proceso de eutanasia , el país no ha renunciado a que los hipopótamos puedan trasladarse a otros países. Sin embargo, enfatizó que las labores diplomáticas que se han adelantado con ese fin no han tenido hasta ahora ningún fruto. Aunque el protocolo ya está definido, su ejecución no será inmediata ni sencilla. El director de Cornare, Javier Valencia, explicó que la implementación requerirá expertos y posiblemente una convocatoria internacional, debido a la falta de empresas especializadas en el país. El funcionario subrayó que la eutanasia no reemplaza otras estrategias, sino que las complementa. De hecho, se mantendrán acciones como la esterilización —aplicada ya a decenas de animales— y la translocación hacia zoológicos y reservas, incluso en el exterior. Antes de cualquier intervención, el protocolo establece una etapa de preparación para facilitar la captura. Para ello, se construirán corrales metálicos de al menos 15 metros cuadrados por individuo, ubicados cerca de ríos y quebradas donde habitan. La entrada de los animales se logrará mediante alimentos que no hacen parte de su dieta habitual, como frutas, verduras y melaza. Estas actividades se concentran en la tarde, aprovechando el comportamiento crepuscular de la especie. Una vez dentro, un sistema de cierre mecánico asegura el confinamiento. El proceso exige condiciones controladas para reducir el estrés, evitando ruidos fuertes o iluminación intensa. Además, se prevé un alistamiento riguroso de equipos, medicamentos y elementos de protección para el personal. La segunda fase corresponde a la eutanasia, que debe realizarse bajo criterios técnicos y de bienestar animal. El procedimiento estará a cargo de médicos veterinarios especializados en fauna silvestre, quienes supervisarán todo el proceso. La opción principal es la inmovilización química mediante dardos disparados con rifles neumáticos, capaces de alcanzar hasta 90 metros. Estos proyectiles utilizan agujas especiales para atravesar la gruesa piel del animal y administrar sedantes ajustados a su peso, que puede variar entre 800 y 2.500 kilogramos. Tras la sedación, que tarda entre 10 y 20 minutos, se aplican anestésicos adicionales para profundizar el estado de inconsciencia antes de inducir la muerte con medicamentos. Sin embargo, el protocolo contempla una alternativa: el uso de arma de fuego. Este método se aplicará cuando no sea posible capturar al animal o cuando las condiciones del terreno lo exijan. En esos casos, un tirador experto deberá apuntar al cerebro para garantizar una muerte inmediata. Una vez confirmada la muerte, se realizará una necropsia en un plazo máximo de 24 horas. Este análisis permitirá recopilar información sobre la salud de la población y las causas de muerte. El manejo de los cuerpos implica riesgos sanitarios, ya que estos animales pueden portar enfermedades como leptospirosis, brucelosis, tuberculosis o ántrax. Por ello, el personal deberá utilizar trajes impermeables, guantes dobles, mascarillas de alta filtración y gafas de seguridad. La disposición final se hará, principalmente, mediante enterramiento en fosas de entre cuatro y cinco metros de profundidad, utilizando maquinaria pesada. Como medida preventiva, se perforarán cavidades del cuerpo para evitar acumulación de gases. También se contempla la incineración en hornos especializados que superen los 900 grados Celsius.
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