ABC
Una medida como la de Reino Unido, que ha prohibido la venta de tabaco de por vida a todos los nacidos desde 2009 , no sería fácil de aplicar en España. Al menos, eso consideran los expertas en derecho sanitario consultadas por ABC, que ven complicado el encaje legal que una hipotética norma en este sentido podría tener en nuestro país. Aunque el ordenamiento jurídico contempla que en algunos casos se pueda limitar la libertad individual por razones de salud pública, en este caso conllevaría una discriminación que la Constitución prohíbe. «Vulneraríamos el artículo 14 de la Constitución», expone Ana María Marcos del Cano, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), que consideraría que una medida como la de Reino Unido conllevaría un «paternalismo estatal» que no estaría justificado. Recuerda, por ejemplo, cómo en la pandemia del Covid-19 no se obligó a los ciudadanos a vacunarse. «El Estado puede limitar la libertad de los individuos para proteger la salud y la vida, pero en estos casos en los que ya es una injerencia en la libertad y autonomía del individuo no es posible desde el punto de vista jurídico y filosófico», sentencia. De la misma opinión es Carmen Fernández-Bravo, socia fundadora de Fernández-Bravo Abogados y experta en derecho sanitario, que se refiere también a que la norma vulneraría el artículo 14 de la Constitución, el que establece que todos los españoles son iguales ante la ley, «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». «Este es un derecho fundamental y con una norma así se daría un trato diferente entre personas adultas en función de su fecha de nacimiento», asevera. Sostiene Fernández-Bravo que aunque se podría plantear una norma en base al artículo 43 de la Constitución, que da a los poderes públicos la potestad para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, «sería muy impugnable», pues mientras este último no está entre los derechos fundamentales, el artículo 14 sí lo está, afirma. «Salvo que lo justifiquen muy bien, yo creo que sería inconstitucional», apunta. En cualquier caso, dice, solo se podría llegar a plantear mediante una ley estatal, no a través de decretos ni reglamentos. Y aun así, prosigue Fernández-Bravo, la justificación de esa norma sería «muy difícil». «Habría que ver la justificación final y la proporcionalidad de la medida. Pero planteado así, yo lo veo discriminatorio e inconstitucional», concluye. Considera por su parte Marcos del Cano que en este tipo de casos se suele apostar por un enfoque centrado en la educación, con medidas menos restrictivas como la subida del precio del tabaco o el empaquetado neutro, así como la limitación de los espacios en los que se puede fumar. Seguir los pasos de Reino Unido, concreta esta jurista, tendría «difícil encaje legal»: «No estaría justificado el paternalismo estatal. Para que el Estado pueda prohibir determinadas conductas tiene que estar muy muy justificado, y en este caso, bajo mi punto de vista, no lo está». Se refiere además a «otras acciones de riesgo» que no están prohibidas, como todos los deportes de riesgo. «Si entramos en esa dinámica, el Estado tendría que meterse en cuestiones que son muy personales y ahí habría una extralimitación del Estado. Esas intervenciones no pueden considerarse legítimas, es un paternalismo injustificado», sostiene. Recuerda además Ana María Marcos del Cano cómo fue Nueva Zelanda el primer país que legisló en este sentido y cómo tuvo que rectificar. «Se vio que no era eficaz, porque además de que se podía adquirir el tabaco a través de otras personas se vio que podía promover el mercado ilegal», explica.
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