ABC
En el acuerdo de Castilla y León de 2022 -el primero que firmaron PP y Vox en una autonomía- aparecía por primera vez una nueva ley contra «la violencia intrafamiliar». Era un término clave para el partido de Santiago Abascal y fue un quebradero de cabeza para Alfonso Fernández Mañueco. Un año después, tras las elecciones autonómicas de 2023, llegarían otros tantos en cascada. Los dirigentes del PP buscaban la manera de sortear la imposición de su nuevo socio, que quería cambiar los términos de violencia machista y ampliarla, más allá de las mujeres, para combatir la guerra cultural de la izquierda con el feminismo. Y la mantuvo durante un tiempo como gran bandera ideológica. El resultado fue un surtido de conceptos en función de la autonomía, pero consiguieron colocar su mensaje. El PSOE lo utilizó como una de las grandes palancas de cara a las generales: los acuerdos de la derecha ponían en riesgo a las mujeres y sus derechos, llegaron a decir. En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón volvió a asumir la violencia intrafamiliar. En Extremadura el forcejeo fue más lejos. María Guardiola, que llegó a decir que no podía permitir que un partido que «negaba la violencia machista y que deshumanizaba a los inmigrantes» entrara en su Gobierno, acabó cediendo; pero consiguió evitar el concepto estrella de Vox e introducir en el texto la necesidad de «erradicar los discursos machistas». En Aragón el pacto sí recogía la necesidad de promover políticas para acabar «tanto la violencia doméstica como la intrafamiliar », en la que incluían a todas las víctimas, desde mujeres a niños o ancianos. En esta comunidad autónoma el acuerdo recogía también la reforma de la Ley de Identidad de Género. Tres años después, las prioridades de Vox han cambiado sustancialmente. El partido de Abascal lleva tiempo poniendo el foco en la inmigración como gran asunto político. La advertencia de una «invasión migratoria» en Europa que sustenta también el discurso de algunos de sus grandes referentes europeos -el 'lepenismo' en Francia o Víktor Orbán en Hungría, que perdió el poder hace escasos días tras 16 años como primer ministro- lleva años en la agenda de Vox. Pero ahora el protagonismo es absoluto. La formación de Abascal vincula el fenómeno, a sus ojos descontrolado, a los grandes problemas que sufre hoy la ciudadanía: los precios de la vivienda y los servicios públicos, cada vez más tensionados. En este contexto se enmarca el concepto que está marcando los nuevos acuerdos con el PP y que, probablemente se convertirá en el leitmotiv de su campaña en Andalucía: la «prioridad nacional» . El concepto es ambiguo, no tiene base legal y para su desarrollo completo se necesita una reforma de la ley de Extranjería (ley orgánica) desde el ámbito estatal. Pero Vox ya ha conseguido atar al PP a ese compromiso y, sobre todo, lanzar el mensaje de «los españoles primero» a la hora de recibir ayudas públicas, subvenciones o acceder a viviendas protegidas. Por contra, en los últimos acuerdos de Extremadura y Aragón no hay ni rastro del concepto de «violencia intrafamiliar» ni tampoco la urgencia de combatir los discursos de la izquierda en cuestiones de ideología de género, que en otro momento les resultaba esencial. Fuentes populares aseguran que es «una victoria propia». Pero todo apunta a que tampoco es un tema en el que Vox quiera seguir incidiendo. Las encuestas demuestran que el partido de Abascal sigue creciendo. Quizá a un ritmo menor de lo esperado desde este ciclo autonómico. Pero en la sala de máquinas del partido derechista llegar al 20% del voto a nivel nacional siempre ha sido el gran objetivo. Ese dato le mete de lleno en la liga de los dos grandes partidos, incluso aunque todavía sea el socio minoritario del PP. Y algunas fuentes de Vox llevan tiempo reconociendo que ser un partido grande y tener la voluntad de representar a un electorado amplio implica también modular parte del discurso y abrazar banderas mayoritarias, que no espanten a una parte de la población . Hace meses el diputado Carlos Hernández Quero, una de las voces al alza dentro del partido, respondía en una entrevista en ABC que su partido tenía que «seguir afinando muchas cosas» a la pregunta de si las mujeres jóvenes podían llegar a entender el planteamiento de Vox con la violencia de género. Por ejemplo, faltar de manera sistemática a las convocatorias de minutos de silencio en ayuntamientos cuando asesinaban a una mujer. En estos nuevos acuerdos la preferencia está en otro lado. A la «prioridad nacional» se suma la oposición frontal «con medios legales y políticos» a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales -mayores o menores de edad- que promueva el Gobierno central. El motivo de la ruptura de los gobiernos autonómicos en 2024 tuvo su origen, precisamente, en la aceptación de más extranjeros menores en los territorios. Los pactos establecen también que no habrá nuevos centros de acogida en estas comunidades, ni tampoco se incrementarán las plazas en los que ya existen a lo largo de la legislatura. Otra medida que suscita mucha polémica apunta a cortar de raíz las subvenciones y los convenios de la administración con aquellas organizaciones sociales que «participen o sostengan» la inmigración ilegal. El PP ha sido tajante al respecto de si esta medida podría afectar a Cáritas, dejando claro que no. En Vox no son, ni de lejos, tan contundentes. Y, de hecho, el líder de Vox ha acusado a la Iglesia abiertamente de financiarse a través de esa invasión migratoria. El foco en la política migratoria es muy amplio y lleva a exigir una reforma del padrón -esto conllevaría una reforma legislativa nacional, como publicó ABC-, prohibir en los edificios de titularidad autonómica el uso del burka y el niqab , el fin del programas de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos que existen o dar «prioridad al producto español» en los comedores escolares, introduciendo este concepto como requisito en las licitaciones.
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