Ultima Hora Mallorca
La prioridad nacional de Vox supone un paso más en su estrategia de crispación contra el PP iniciada en Balears hace unas semanas al obligar al presidente del Consell de Mallorca a retirar su plan anticrisis con la exigencia sobrevenida de ayudas públicas «solo para españoles». Llorenç Galmés ha demostrado cintura política para tener a Vox en el gobierno insular sin que hayan trascendido grandes sobresaltos. Las disposiciones para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán no iban a ser una excepción. Galmés había pactado con Vox el requisito de tres años de residencia para recibir las ayudas sociales. Pero el jefe nacional del partido ultra, Santiago Abascal, decidió que no y obligó a los suyos a incorporar la exigencia de exclusión de los no españoles. El PP retiró la propuesta y anda negociando las nuevas condiciones de Vox. Entremedias, el acuerdo de gobierno en Extremadura y Aragón, a la espera de Castilla y León, incorpora esa exigencia de la ultraderecha, con la coletilla por parte del PP de que en ningún caso se actuará contra la ley. Cuando menos es confuso afirmar que no se cumplirá con lo firmado, en vez de hacer valer el propio ideario. La prevalencia por razón de nacimiento, como defiende Vox, choca con la Constitución y con el derecho comunitario que no admiten exclusiones de esas características El documento marco presentado hace menos de un año por Núñez Feijóo para la negociación con Vox dice: «No aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición». Con la «prioridad nacional» de la extrema derecha, el PP obliga a sus electores extremeños y aragoneses a tragar otro sapo de considerables dimensiones, solo mitigado por el voto de los populares en el Congreso de los diputados contra la propuesta de Abascal para constreñir los apoyos sociales solo a los ciudadanos nacionales.
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