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Los inspectores de Trabajo están en pie de guerra después de que el Supremo haya exigido autorización judicial previa para que la Administración entre en empresas que coinciden con su domicilio social, por considerarlo inconstitucional. El fallo, del 14 de abril, es de gran relevancia práctica , porque que afecta directamente al funcionamiento de los inspectores y, en consecuencia, al control y cumplimiento de la norma laboral. Este no es un caso aislado, el Alto Tribunal ya se pronunció en idénticos términos sobre la actuación de la Inspección de Hacienda y el blindaje de la compañías. El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) advierte que exigir autorización judicial previa dificultará las inspecciones sorpresa en miles de empresas... Ver Más
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