Cope Zaragoza
El noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, presentado por Daniel Rodríguez de Blas, miembro del comité técnico de la fundación, revela un proceso profundo y persistente de fragmentación social. Según el estudio, la exclusión social en Andalucía afecta en 2024 al 23,1% de la población, lo que se traduce en casi dos millones de personas, una cifra superior a la media estatal del 19,3%. El informe destaca que, tras más de dos décadas de crisis encadenadas, las brechas sociales se han consolidado y cronificado. Especialmente preocupante es el aumento de la exclusión severa, que ya alcanza al 10,2% de la población y no ha dejado de crecer desde 2018. Como contrapartida, la integración plena se reduce, y hoy solo el 40% de la población andaluza no presenta ninguna dificultad. El estudio desmonta los discursos que culpan al individuo, bajo la premisa de que "no fallan las personas, falla el sistema", ya que tres de cada cuatro hogares en exclusión buscan activamente salir de su situación. La vivienda se ha convertido en el principal motor de exclusión en la comunidad, afectando a casi una de cada cuatro personas. Los precios, tanto de compra como de alquiler, han crecido muy por encima de los ingresos. En Andalucía, el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 42% entre 2018 y 2024, mientras que en la provincia de Cádiz el alquiler ha subido un 25% entre 2018 y 2023. Este sobreesfuerzo residencial provoca que más de 140.000 personas en la provincia caigan en la pobreza tras pagar los gastos de su vivienda. El informe es tajante al afirmar que "hoy en día, la vivienda es un derecho fake". Se advierte de que mientras no se convierta en un pilar real del estado de bienestar, con políticas estables que prioricen el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado, la mejora económica no se traducirá en una verdadera integración social. Junto a la vivienda, el empleo es el segundo gran factor de exclusión. Aunque tener trabajo reduce el riesgo, ya no es suficiente para evitar la vulnerabilidad. Los datos muestran que un 14% de las personas que trabajan se encuentran en situación de exclusión. En la provincia de Cádiz, el paro registrado se sitúa en torno al 18%, y alrededor de 120.000 personas viven en hogares con una inestabilidad laboral grave. El estudio también alerta sobre una herida menos visible: el deterioro de las relaciones sociales. Los problemas de aislamiento y conflicto social afectan ya al 16% de la población andaluza, el doble que en 2018. El informe lo resume en una frase contundente: "Quienes más necesitan apoyo son quienes menos lo tienen". Mientras que en la población general un 6% no tiene a nadie a quien recurrir, esta cifra se dispara al 13% en los hogares en exclusión. La salud es otro espejo de la desigualdad, donde la exclusión afecta ya a uno de cada cinco hogares andaluces, a menudo por factores económicos. En la provincia de Cádiz, cerca de 200.000 personas han tenido que dejar de seguir tratamientos o comprar medicinas por falta de recursos, lo que erosiona la equidad del sistema. El informe también señala que, si bien la población de origen migrante es uno de los colectivos más castigados por la exclusión, el 80% de las personas excluidas son de origen español. Ante este "modelo social agotado", FOESA y Cáritas plantean la necesidad de un nuevo pacto social que ponga "el cuidado y la vida digna en el centro". La propuesta es construir un proyecto basado en la justicia y la responsabilidad común, reforzando el estado del bienestar como herramienta clave para "no dejar a nadie atrás", en lugar de seguir el camino de la desigualdad y el "sálvese quien pueda".
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