El Plural
Hoy martes, el Congreso de los Diputados decide el futuro habitacional de millones de personas en una votación que marcará un antes y un después. Pese a que un estudio del Ateneo del Dato revela que el 74% de los españoles —incluida la mayoría de votantes del PP (65%) y de Vox (60%)— apoya la prórroga de los contratos de alquiler promovida por el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha decidido dar la espalda a la calle para abrazar, una vez más, los intereses de los grandes tenedores. Este 28 de abril, la Cámara Baja vota una medida de supervivencia pura: la prórroga de los alquileres para evitar que dos millones de hogares queden a la intemperie ante subidas abusivas. Sin embargo, el PP ya ha dictado sentencia. Su negativa a convalidar el decreto no es solo un bloqueo administrativo; es un ataque directo a la línea de flotación de la economía familiar. Mientras las organizaciones sociales redoblan su presión barrio a barrio al grito de "pidan la prórroga por burofax", Feijóo se prepara para votar contra el bolsillo de sus propios electores. No es un debate técnico, por mucho que intenten envolverlo en retórica jurídica. Es una decisión política que afecta al sueño y al descanso de millones de ciudadanos. Votar en contra de limitar el alquiler hoy, en este preciso contexto de volatilidad internacional, significa dar luz verde a que los precios sigan escalando sin control. El decreto busca amortiguar el impacto de las crisis externas, pero el Partido Popular prefiere situarse en el dogma de la "no intervención", incluso cuando ese mercado desbocado está expulsando a las familias de sus propios barrios. El voto de hoy no es neutro. Tiene nombres y apellidos: los de quienes destinan más del 50% de su sueldo a pagar un techo. Rechazar esta prórroga es favorecer activamente una transferencia masiva de renta de quienes menos tienen hacia quienes más acumulan. Feijóo intenta justificarse con el mantra de la "inseguridad jurídica", pero la única inseguridad real es la de la madre que no sabe si podrá renovar su contrato el mes que viene sin que le pidan trescientos euros más por su casa de siempre. La realidad es testaruda: en las comunidades donde gobierna el PP, no se hace absolutamente nada para bajar los precios. Por si a alguien se le ha olvidado, las competencias en vivienda están en manos de las comunidades autónomas, y el balance es desolador. Madrid y Andalucía, bajo el mando de Ayuso y Moreno Bonilla, se han convertido en laboratorios de la especulación. Saben perfectamente que, en Cataluña, donde se aplica la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, los precios han empezado a contenerse. Lo saben, y precisamente por eso se niegan a aplicarla: prefieren el negocio de unos pocos al bienestar de la mayoría social. Los jóvenes son las principales víctimas de este cinismo político. El Bono Joven, que debería ser un alivio, es hoy un símbolo del fracaso administrativo en las regiones...
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