Confidencial Digital
La decisión del Cabildo de Gran Canaria de destinar más de un millón de euros al Sáhara ha desatado un intenso debate político y social. La iniciativa, enmarcada dentro de la cooperación internacional, ha puesto el foco en el uso de los recursos públicos en un contexto de dificultades económicas en la isla. Mientras el gobierno insular defiende el compromiso solidario con los campamentos saharauis, las críticas apuntan a posibles desequilibrios presupuestarios y a la falta de control en el destino final de los fondos. El alcance real de esta ayuda es lo que ha encendido la controversia.
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