ABC
La Generalitat sigue desoyendo los pronunciamientos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el pasado marzo la ejecución provisional de la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, que blinda el catalán en la escuela, al apreciar que varios de sus preceptos marginaban al castellano como lengua vehicular y generaban un desequilibrio a favor de la lengua catalana. Esta resolución estima parcialmente la solicitud formulada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha reclamado reiteradamente al Departamento de Educación, que dirige Esther Niubó, el «cumplimiento inmediato de la ejecución provisional y la emisión de instrucciones claras a los centros educativos para impedir nuevas vulneraciones de derechos». Ahora, al ver que la Generalitat sigue sin ejecutar provisionalmente el fallo, la AEB ha movido pieza y ha presentado a PP y Vox una moción para que la defiendan en los Ayuntamientos como medida de presión al Govern para que acate lo que dictan los tribunales. «Hemos propuesto esto a los partidos porque la sentencia del TSJC es importante ya que tumba la 'joya de la corona' del independentismo, el decreto linguïstico sobre el que se sustenta la inmersión y reafirma que ésta no tiene una base legal», señala en declaraciones a ABC la presidenta de la AEB, Ana Losada . «Esperamos que los partidos constitucionalistas que dicen defender la igualdad de los derechos lingüísticos y el bilingüismo lo demuestren apoyando esta moción allí donde la presenten», añade la presidenta de la AEB. La resolución fue dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y comporta que los preceptos anulados no puedan seguir aplicándose mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación. Subraya además que la Administración no puede mantener la aplicación de normas ya anuladas provisionalmente cuando ello afecta a derechos fundamentales vinculados a los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución. En concreto, la Justicia dejó sin efecto 14 preceptos anulados , total o parcialmente, lo que supone, una vez más, que el español, el catalán y el aranés (este último en el Valle de Arán, Lérida) deben convivir como lenguas vehiculares en las aulas de la comunidad. «El auto del TSJC confirma que el núcleo del modelo lingüístico vigente, basado en la exclusión del castellano como lengua de enseñanza, carece actualmente de cobertura legal», precisó la entidad cuando el TSJC se pronunció sobre la norma, y presentó un recurso tras la sentencia. «La resolución judicial vuelve a poner de manifiesto una realidad que muchas familias vienen denunciando desde hace años: el nacionalismo catalán ha utilizado la escuela como una herramienta de imposición ideológica y de exclusión lingüística, degradando la cooficialidad del castellano hasta convertirlo en una lengua subordinada dentro del sistema educativo. Lejos de asumir con normalidad los límites del Estado de Derecho, la Generalitat ha reaccionado en numerosas ocasiones con maniobras políticas y administrativas orientadas a eludir o vaciar de contenido las resoluciones judiciales en materia lingüística», señalan desde la AEB. Esta deriva responde, a su entender, «a un modelo de nacionalismo rancio, excluyente y sectario, que pretende moldear la identidad de los alumnos desde las aulas, sustituyendo la libertad, la pluralidad y la neutralidad institucional por una lógica de uniformidad lingüística al servicio del proyecto separatista». «La imposición del catalán como lengua habitual en la docencia, en los materiales, en las evaluaciones y en las comunicaciones con las familias ha sido parte de una estrategia sostenida para arrinconar al castellano y para dificultar que las familias puedan ejercer con normalidad sus derechos», apuntan desde la entidad. En su moción, la AEB recuerda a los consistorios que «en una democracia avanzada, el cumplimiento de las resoluciones judiciales no es optativo» y que «ningún gobierno autonómico puede situarse por encima de la ley ni utilizar la educación pública como trinchera política contra los derechos de los ciudadanos». Por ello, reclaman a los gobiernos municipales que «exijan a la Generalitat el acatamiento inmediato del auto del TSJC, que econozcan la labor de la AEB en defensa de las familias y se posicionen de forma clara en defensa de la libertad lingüística, de la cooficialidad real y de los derechos de todos los alumnos». En este sentido, la entidad reclama en el texto presentado a los partidos constitucionalistas que se exija a la Generalitat «el cumplimiento inmediato del auto del TSJC de 29 de marzo de 2026, cesando en la aplicación de los preceptos del Decreto 91/2024 afectados por la ejecución provisional acordada por dicho tribunal», que «dicte de forma urgente las instrucciones necesarias a todos los centros educativos públicos y concertados para garantizar el efectivo cumplimiento de la resolución judicial», que se «rechace expresamente cualquier coacción, presión o represalia contra profesores, alumnos o familias que ejerzan sus derechos lingüísticos o reclamen el uso del castellano en el ámbito educativo». La entidad advierte también al departamento de que «cualquier conducta de resistencia, retraso o fraude en la ejecución de esta resolución judicial supone un grave ataque al Estado de Derecho y a la tutela judicial efectiva». Por último, insta a los ayuntamientos en los que se presente la moción a que trasladen los presentes acuerdos al President de la Generalitat, Salvador Illa ; a la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Parlamento de Cataluña, a la Asamblea por una Escuela Bilingüe y a todos los grupos parlamentarios con representación en dicha cámara.
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