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El Gobierno ha puesto a trabajar a la Abogacía del Estado para encontrar una salida jurídica al embrollo creado por el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), propiedad del Estado español desde el año 1972, y este martes ha expresado su confianza en que el recurso que se presente «debería suspender el procedimiento con independencia de las actuaciones que pueda emprender el Ministerio de Justicia del país», en relación a Países Bajos. Sin embargo, los representantes legales del fondo japonés que han instado el decomiso del inmueble piensan ya en el siguiente paso a dar para recuperar parte de los 106 millones que España adeuda a sus clientes por el impago de un laudo arbitral... Ver Más
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