Noroeste
Una acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York señala al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, corrupción institucional, uso de armamento de alto poder y colaboración con el Cártel de Sinaloa. Además de Rocha Moya la acusación incluye a Enrique Inzunza Cázarez, Senador morenista y también ex Secretario General del Gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, también ex jefe de dicha corporación ministerial; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, ex comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales. De acuerdo con el documento que resume la acusación, del que Noroeste tiene una copia, la imputación fue presentada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de un Gran Jurado federal. De esto se les acusa Narcotráfico internacional : La acusación sostiene que los señalados participaron en una conspiración para introducir a Estados Unidos grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, presuntamente brindando protección política y operativa a estructuras criminales. Protección al Cártel de Sinaloa : El documento afirma que los acusados mantenían una alianza con la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a quienes habrían favorecido mediante filtración de información oficial y apoyo institucional. Uso de armas de guerra : También se les atribuye participar en asociación delictuosa para poseer y utilizar ametralladoras, armas de alto calibre y dispositivos destructivos presuntamente empleados para resguardar operaciones de tráfico de drogas. Secuestro y asesinato : Uno de los cargos incluye el secuestro con resultado de muerte de una fuente confidencial de la DEA y de integrantes de su familia, hecho atribuido específicamente a Juan Valenzuela Millán, “Juanito” y no al resto de los funcionarios. Corrupción electoral : La acusación asegura que grupos criminales intervinieron en la elección de 2021 en Sinaloa mediante robo de urnas, intimidación de votantes, secuestro de candidatos opositores y apoyo político a cambio de protección posterior. Sobornos a funcionarios : Según la fiscalía, existen registros fotográficos de listas mensuales de pagos en efectivo entregados a servidores públicos y mandos de seguridad, identificados mediante alias y referencias a sus cargos. Filtración de operativos : Funcionarios estatales también son acusados de alertar al cártel sobre cateos y redadas planeadas con apoyo de autoridades estadounidenses, permitiendo la fuga de operadores criminales y el desmantelamiento previo de laboratorios. Uso de recursos públicos : El expediente sostiene que patrullas, radios oficiales y personal policial fueron utilizados para escoltar cargamentos de droga, brindar seguridad a operadores del cártel y ejecutar secuestros de rivales. Además de los cargos penales, el Gobierno de Estados Unidos notificó su intención de buscar el decomiso de propiedades, dinero, armas y cualquier otro bien relacionado con las ganancias obtenidas por las actividades ilícitas señaladas. El Gobernador Rocha Moya, el Alcalde Gámez Mendívil y el Senador Inzunza ya han emitido posturas, rechazando las acusaciones y señalando incluso que se trata de un golpe por parte del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de México, que opera bajo la corriente morenista de la Cuarta Transformación.
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