Vanguardia
En una acción que eleva la presión política sobre el gobierno de Sinaloa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente la detención provisional con fines de extradición del actual gobernador, Rubén Rocha Moya, así como de nueve funcionarios y exfuncionarios más. Para el analista de seguridad nacional José Luis Pliego, este desenlace era una “historia ya muy anunciada”.
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