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Residen desde hace 15 años en una de las avenidas que más se ha encarecido y ahora reclaman un derecho preferente de compra después de que el Ayuntamiento, del PP, no ejerciera el derecho de tanteo ante el antiguo dueño (la Fundación La Caixa). El bloque fue vendido a un tercero y ahora las familias temen que se especule con sus pisos y se queden en la calle Del centro a la periferia: bloques de vecinos bajo amenaza por la “especulación inmobiliaria” en Sevilla Con el decreto de medidas para paliar la crisis de vivienda en España recién enterrado, un caso particular sucede en Sevilla. Cuando se levantó el bloque de 102 viviendas en el número 27 de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, prolongación de la calle Torneo, se culminaba un proyecto de la Obra Social La Caixa y el desarrollo urbanístico del paseo fluvial, convertido en uno de los enclaves más caros de la capital hispalense (en los bloques de renta libre de la misma vía, los pisos a la venta se anuncian por más de medio millón de euros). Hoy, 15 años después de haberles sido adjudicadas las viviendas , por sorteo y en alquiler social, se topan con un incierto futuro, tras vender el bloque la Fundación La Caixa, vinculada a un banco que es el mayor casero de Andalucía y que había adquirido en 2007 la parcela, situada al final de la avenida y que hasta entonces era pública.El Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado ejercer el derecho de tanteo e incorporar al parque público de vivienda este inmueble, dejando así a las familias a merced del mercado. El inmueble fue puesto a la venta por Inmocriteria Arrendamiento SLU (perteneciente a InmoCaixa, filial inmobiliaria del banco) con un precio de cerca de 4,2 millones de euros, lo que arrojaría una media de poco más de 40.000 por piso. Lo paradójico es que la mayoría de los residentes, que se han organizado en un grupo de WhatsApp (siendo inquilinos no pueden constituirse en comunidad de vecinos), están dispuestos a comprar sus pisos incluso “por el doble”. Sin embargo, rechazada la ganga por el Ayuntamiento de Sevilla, se ha interesado en el edificio Inmoviling SXXI SL, una compañía radicada en Catalunya. Desde la Fundación La Caixa confirman que el inmueble “ya no es propiedad de InmoCaixa” porque “se vendió a un tercero, que se ha subrogado las condiciones preexistentes de los inquilinos”. En cuanto al precio de venta, no facilitan detalles por ser “una operación privada”. Sobre las ofertas de compra a los inquilinos, “alguno pidió información, pero no mostraron interés de forma general”, agregan. La Gerencia de Urbanismo alegó que no lo compraba por estar una decena de los pisos “ocupados ilegalmente”, por lo que los vecinos, los que pagan puntualmente el alquiler desde 2011 y niegan que tales ocupaciones existan, aguardan con temor. Desde la oposición, el concejal del PSOE Ignacio González critica que se haya permitido “hacer negocio a una empresa” que previsiblemente optará por la “descalificación” de los pisos pasados los 25 años de rigor, en lugar de apostarse por una política de vivienda protegida “seria”. Temen la descalificación en 10 años “Hasta el pasado 14 de abril nuestro interlocutor era InmoCaixa (Obra Social La Caixa). Pero un vecino fue a poner una reclamación telefónica y le comunicaron que ellos ya no gestionaban el edificio”, explica Adolfo, uno de los inquilinos, y que fue adjudicatario de uno de los pisos destinados a menores de 35 años (85 de los 102). Junto con los mayores de 65 años (otros 14) y tres adaptados, eran los que podían optar a estas viviendas con garaje (por un alquiler que actualmente oscila entre los 300 y los 350 euros), si cumplían también los requisitos de ingresos. El último recibo, explica este vecino que comparte un piso de dos dormitorios con su hijo pequeño, lo abonaron el 3 de abril a Inmocriteria Arrendamiento S.L.U. En esta sucesión de nombres y siglas, siguen sin un pronunciamiento por parte de los gestores. “Lo único que tenemos son promesas políticas de protección hasta que finalice la calificación de suelo público (2036), nada de la opción preferente de compra que teníamos los inquilinos. Por lo que a partir de 2036 nuestra alternativa habitacional es incierta”, remarca. “No sólo a largo plazo, cuando tengamos que buscar una solución habitacional, por como está, y como estará, el mercado, sino por la malas e inseguras situaciones en las que nos hemos visto envueltos en estos años”, apostilla Javier, quien vive con su mujer y su hijo. “Se nos presenta un panorama complicado. También tenemos desconfianza en las promesas políticas de amparo hasta la desclasificación de la vivienda, por la inacción y omisión de los organismos públicos a los que nos hemos dirigido en todo este tiempo. Y por la impunidad mostrada por La Caixa” asevera. “¿Qué ocupas?”, se preguntan los vecinos Los vecinos del 27 aclaran también el caso de “los supuestos ocupas”. Tienen constancia de que “dos vecinos están depositando el alquiler en los juzgados” porque abrieron un proceso judicial contra InmoCaixa. Es decir, siguen pagando el alquiler, aunque sea en depósito judicial. Hay también proceso en los juzgados porque a la hora de la renovación del alquiler a una vecina que había accedido por el paquete para jóvenes, le dijeron que ya no le prorrogaban el contrato otros cinco años por haber superado la edad, cuando en las cláusulas sólo se contemplaba este requisito para la primera adjudicación, y como así lo han podido ir haciendo otros en su mismo caso. Las demás situaciones, hasta la decena en la que se excusaba el Ayuntamiento de Sevilla, las desconocen, pero no están dispuestos a aceptar que se les meta a todos en el mismo saco. “Creemos que en la actualidad hay una vivienda vacía. En 2022 llegó a haber hasta 12 viviendas vacías porque, por mucho tiempo, incluso algunas más de un año, no se adjudicaban. Parece que por la falta de personal de la Junta de Andalucía para visar los contratos. De hecho, eso es lo que dos técnicos aseguraron en la cita presencial” que tuvieron dos vecinas el pasado 17 de abril en la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla. El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, subraya que se ha cumplido con todo lo establecido en el pliego de condiciones y que el derecho de tanteo se ejercerá cuando corresponda, en 2036. “Yo garantizo que el objetivo de este equipo de gobierno es defender los derechos de los vecinos y que sigan siendo viviendas protegidas”, apunta. Pero Gloria, otra de las inquilinas y quien se ha encargado de llevar el caso hasta el pleno del Ayuntamiento de Sevilla para denunciar “la venta del edificio a un fondo inversor, de cuanto menos curiosa estructuración societaria”, no está convencida: “¿Qué garantías se ofrecen a partir de 2036 para evitar la descalificación y su eventual incorporación al mercado libre?”. Se lamentan también del abandono de las zonas comunes por parte de la gestora, incluso en materia de acceso y seguridad, lo que genera inseguridad para los residentes y sus bienes, que han sufrido hasta el robo de motos en los garajes. Hablan también de “fallos en el sistema de alarma contra incendios y una puerta de acceso que no puede abrirse desde el interior del edificio, requiriendo el uso de llave, lo que compromete gravemente las condiciones de evacuación en situación de emergencia”. Se unen a esto filtraciones recurrentes en viviendas, zonas comunes y garaje, averías continuas en ascensores o que las placas solares están sin funcionar desde 2021. “Pese a las reiteradas solicitudes de información por parte de los residentes, la gestora ha omitido facilitar documentación detallada, vulnerando los principios de transparencia y buena gestión exigibles en este tipo de promociones”, concluyen.
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