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La vivienda ocupa hoy buena parte de la conversación social , aunque los diagnósticos y las soluciones estén lejos de encontrarse. Los debates giran habitualmente sobre cinco grandes ejes: las razones y exclusiones de sus precios siempre al alza o la naturaleza de las desigualdades que genera (¿generacionales, de clase, entre inquilinos y propietarios?); el modelo productivo que condiciona (ladrillo, financiarización de la economía y del ahorro de las familias); las relaciones sociales que perfila (macro y micro rentistas, inquilinos siempre al borde de cambiar de casa, de barrio, de ciudad, y que destinan más de un 60% de sus salarios al pago del alquiler , cuando se estima que no debería ser más de un 30%, hipotecas susceptibles de aumentar con cada nuevo o renovado episodio bélico); la estructura familiar y afectiva que permite o impide (parejas que no se divorcian porque no pueden pagar dos alquileres o hipotecas, jóvenes que no se emancipan nunca y/o que no pueden tampoco explorar formas de familia o convivencia no convencionales, hijos que no se tienen), el tipo de política pública que necesitamos (deducciones fiscales y liberalización de la vivienda protegida o regulación de precios y alquileres turísticos , así como creación de vivienda pública y protegida), y un largo etcétera. Y, por otro lado, no parece necesario tirar de grandes teorías de la democracia para afirmar que en ausencia de condiciones efectivas para ejercer la libertad —y la vivienda es sin duda una de ellas— la libertad queda reducida a una mera condición formal anulada por la realidad concreta de las condiciones de vida y los estragos que la definen hoy : inseguridad, incapacidad para imaginarse y proyectarse en el tiempo, ruptura de expectativas y horizontes de vida, resentimiento, desafección, frustración y otro largo etcétera. Con todas estas premisas parecería sencillo concluir que la dimensión política de la crisis de la vivienda es meridiana y que nada debería impedir un consenso social y parlamentario en torno a la necesidad de regularla, abaratarla y convertirla en una —si no la— prioridad de las políticas públicas. Sin embargo, ese consenso no solo está lejos de formarse, sino que no ha sido posible aprobar una medida tan necesaria como aparentemente de cajón, la de impedir que, tras la próxima finalización de los contratos de alquiler firmados bajo los efectos de la pandemia, los precios de cientos de miles de alquileres no suban entre un 30% y un 50% de su valor , expulsando a más de 2,5 millones de personas de sus casas u obligándolas a vivir en el umbral de la pobreza. Lo que en estas líneas me voy a preguntar es por qué no se produce este consenso social y político , por qué no resulta tan sencillo enfrentar, aunque solo sea en el debate público y mediante medidas parciales como la mencionada, el problema de la vivienda. Adelanto que sus razones no solo tienen que ver con los alineamientos de la derecha con los fondos y lobbys inmobiliarios, sino con que las izquierdas no siempre enfocan bien el problema . Y esto por al menos cuatro razones que paso a enumerar: En primer lugar, se suele desatender que la propiedad de activos financieros, fundamentalmente la vivienda, lleva tiempo desplazando al salario como forma de aseguración social tanto como vía de acceso a la vida de clase media . Si el ideal regulatorio de las sociedades salidas de la II Guerra Mundial fue el de asegurar mediante el trabajo y el salario las trayectorias de vida (frente a la enfermedad, la pobreza, la vejez, el miedo), tenemos que aceptar que, al menos desde principios de los años 80 del pasado siglo, se produce un paulatino desplazamiento hacia la inversión como forma de asegurar la existencia , esta vez de forma individualizada y no socializada. Pero conviene también recordar que este ideal regulador (la propiedad como forma de progreso y éxito social) se convierte en un potente mecanismo de integración social y deseo colectivo que, precisamente por ello, se democratiza: cada vez más propietarios, cada vez más hipotecas, tanto en España (que venía de altos índices en comparación con su entorno dada la política franquista de anular el conflicto social convirtiendo a proletarios en propietarios) como en el resto de los países occidentales. Este empuje democratizador de la propiedad es, claro, profundamente ambivalente: individualiza las relaciones sociales, sí, pero opera también como referente simbólico y material , como ideal de (acceso a la) ciudadanía. Que, en segundo lugar, esa democratización relativa del acceso a la propiedad muestra sus límites o tensiones en la crisis financiera de 2008, pues tiene su origen, precisamente, en el impago de hipotecas por parte de poblaciones marginadas históricamente de la vida de clase media, es decir, fue una crisis de la democratización del acceso de poblaciones marginadas y racializadas a la vivienda en propiedad. El impago de unas hipotecas que habían sido empaquetadas en productos financieros para el rentismo de aquellos que ya se habían asentado en la propiedad décadas atrás (clases medias y altas blancas), arrastra al conjunto de las economías occidentales: impagos, desahucios o, si lo prefieren, límite de la viabilidad social del neoliberalismo . Digo social porque no es un límite económico, sino fundamentalmente político: es el ideal de integración social mediante la propiedad el que deja de ser viable para capas cada vez más amplias de la población, pero no mayoritarias. En Madrid, ciudad desde la que escribo, algo menos de un 70% de su población es propietaria de una vivienda (directamente o por mediación de una hipoteca). Lo que nos sitúa, en tercer lugar, ante un problema político y cultural de primer orden : la vivienda es hoy lo que impide la formación de un bloque social o ideológico, no aquello que permite crearlo. Y ello por una simple razón, habitualmente descuidada por los análisis de izquierdas: la propiedad inmobiliaria estructura todavía hoy las formas de acceso a la seguridad y a la prosperidad de las clases medias, y es donde tienen depositadas sus esperanzas y sus ahorros . Por tanto, y por más que la propiedad se esté concentrando en cada vez menos manos (fondos de inversión, mutipropietarios, bancos…), sigue habiendo una masa social de propietarios que ven más seguro, simbólica y materialmente, el aumento de los precios que su regulación . Más seguro, no más deseable, no éticamente mejor, no políticamente inevitable. Más seguro. Pero, en cuarto lugar, esta mayor seguridad no impide hacer de la regulación de la vivienda un campo de batalla político , pero sí advierte de que no lo será por razones materiales, por el interés objetivo de una masa de inquilinos enfrentada a una minoría de propietarios, como si hubiésemos pasado del trabajo a la propiedad en una sin embargo constante y monolítica lucha de clases. Al contrario, si la vivienda puede ser —y sin duda debería ser— un campo de batalla político será porque las luchas ideológicas y las batallas culturales pueden ir contra los intereses materiales asentados de quienes las libran. Pero pueden hacerlo si —y solo si— esas luchas son capaces de articular la demanda (y el derecho) a una vivienda digna con otras demandas, otras visiones del mundo y otros deseos sociales: modelos de ciudad y condiciones de vida, transición energética, justicia intergeneracional, tiempo libre y liberado del trabajo como pilar de la identidad, lucha contra la desigualdad, etc. La izquierda tiene que aceptar que no estamos ante una renovación de la lucha de clases por otros medios (la propiedad y no el salario); tampoco, qué duda cabe, ante la lucha de unas generaciones con otras (como si no hubiese millennials o zetas con un alto poder adquisitivo), sino ante una lucha que muchas veces se da en el interior mismo de los sujetos : más de la mitad de las generaciones millennial , zeta y boomer , incluidos en esa mitad muchos ciudadanos que tienen hoy series dificultades para pagar un alquiler y/o acceder a una hipoteca, van a heredar antes o después una vivienda. Una herencia que, sin duda, reproducirá y ampliará las desigualdades de clase : un tercio de la población no heredará nada , otro tercio amplio heredará una vivienda, y aproximadamente otro tercio escaso heredará demasiado. Pero, y ya para concluir, si más de la mitad de la población tendrá dentro de 20, 30 o 40 años una seguridad vital que hoy solo se perfila en un horizonte temporal lejano, entonces estamos ante una lógica afectiva y política inédita y profundamente corrosiva : la de la espera como forma de vida y como sustrato económico y afectivo, es decir, la de una seguridad fantasmática, presente y ausente al mismo tiempo. Es esa espera la que hay hoy que trabajar políticamente. ¿Cómo? Por un lado, haciendo más deseable el aquí y el ahora que la seguridad que muchos tendrán después de décadas de espera, resignación y sufrimiento, y seguramente cuando menos la necesitan. Por otro lado, construyendo un ideal de seguridad que no pase ni por el trabajo ni por la propiedad, sino por la existencia misma, por nuestra condición ciudadana (rentas básicas, políticas redistributivas, reducción del tiempo de trabajo, además de vivienda pública y alquileres regulados, etc.). Sin entender que lo que está fundamentalmente en disputa es el tiempo , y que éste hoy se reparte entre la espera (a que no te suban el alquiler, a terminar de pagar una hipoteca, a heredar un piso o recibir una herencia en vida que permita empezar a pagarlo) y la búsqueda de seguridad (en un mundo que ya no está ordenado por el trabajo ni puede ordenarse por la propiedad), muchos de los debates que libremos estarán, me temo, perdidos de antemano. _________________ Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo. Ha publicado, junto a Pablo Bustinduy, el ensayo 'Política y Ficción. Las ideologías en un mundo sin futuro', editado por Península.
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