Cope Zaragoza
La regularización extraordinaria de inmigrantes ha puesto en marcha un operativo en Almería para atender a las cerca de 30.000 personas que podrían acogerse al proceso. Impulsado por entidades como Almería Acoge y CEPAIM, un nuevo dispositivo en el Puerto de Almería busca ordenar la atención y garantizar un trato digno, dejando atrás las largas colas de días pasados. El balance de los primeros días es "bastante positivo", según ha manifestado en Mediodía COPE en Almería Juan José Castillo, presidente de Almería Acoge, quien celebra que se ha logrado un sistema "mucho más digno". El nuevo emplazamiento, una nave cedida por el Ayuntamiento de Almería, funciona con un sistema de cita previa telefónica para evitar aglomeraciones. "No hay exactamente cola", explica Castillo. Se han establecido dos franjas horarias en las que se cita a unas 120 personas en cada una, permitiendo atender a más de 200 personas al día. Dentro de las instalaciones, unas diez mesas de voluntarios gestionan los trámites mientras un pequeño grupo de 10 o 15 personas espera su turno. El trabajo se organiza para que "sea digno, que se haga bien, que no haya errores". El presidente de Almería Acoge también ha querido destacar la gran respuesta de los voluntarios que colaboran en el dispositivo, cuyo esfuerzo es fundamental para el funcionamiento del mismo. Uno de los documentos clave del proceso es el certificado de vulnerabilidad. Castillo señala que "es uno de los papeles que se necesita en muchos casos", aunque no en todos. Este documento acredita que la persona tiene dificultades para acceder a recursos básicos. "Fundamentalmente lo que estamos acreditando es que no pueden acceder a un trabajo normalizado", aclara. La situación de irregularidad impide tener documentación y, por tanto, ser dado de alta en la Seguridad Social, lo que convierte a estas personas en vulnerables. El perfil de los solicitantes es muy variado: latinoamericanos, subsaharianos y marroquíes; mayoritariamente hombres jóvenes por debajo de los 40 años, pero también mujeres e incluso personas de 70 años. La gente "está nerviosa, se juega mucho", afirma Castillo, lo que explica la alta demanda del certificado. Desde las entidades sociales se pide una mayor implicación de los ayuntamientos. Castillo sugiere que si los servicios sociales municipales pudieran emitir también estos certificados, se "mejoraría lógicamente el tiempo de espera". Agradece la ayuda del consistorio de la capital para localizar la nave, pero insiste en la necesidad de que se destine personal a esta tarea. La fecha tope para el proceso es, en principio, el 30 de junio. Sin embargo, es "difícil de prever" si dará tiempo a tramitar todos los casos. Castillo advierte que, aunque ahora el cuello de botella está en la obtención del certificado de vulnerabilidad, más adelante podrían surgir otros cuando haya que presentar toda la documentación en las oficinas de correo. "Es muy pronto, quizá, para evaluar", concluye.
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