La Jornada
Por la forma, el contenido y el momento en que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó los cargos contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y ex funcionarios de la entidad, así como las correspondientes solicitudes de detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, no pueden considerarse simples medidas judiciales; son, en cambio, acciones de injerencia política cargadas, para colmo, con una amenaza implícita.
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