La Jornada
La decisión del gobierno de Estados Unidos de abrir un expediente penal y solicitar la extradición del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; un senador y otros ocho funcionarios del gobierno del estado por “haberse asociado con el cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, según el Departamento de Justicia, al margen del resultado que arrojen las investigaciones sobre su culpabilidad o inocencia, tiene estos antecedentes:
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