Temor entre los vecinos de la Glorieta Olímpica por la venta de su bloque a Inmoliving

Los inquilinos del bloque de 102 viviendas en régimen de alquiler asequible del número 27 de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, vendido InmoCaixa, la inmobiliaria de Criteria, sociedad de inversiones de la Fundación Bancaria «la Caixa», a la empresa inmobiliaria Inmoliving S. XXI S.L.; se han «organizado» ante la citada operación y han recurrido ya a los servicios de un abogado, para intentar «revisar» todo el asunto al temer posibles «irregularidades» en la compraventa. Así lo cuenta Gloria, una de las inquilinas de esta promoción de pisos de alquiler asequible promovida por la Obra Social de La Caixa hace unos 15 años, como uno de los proyectos estrella en materia de vivienda accesible en la ciudad de Sevilla. Precisamente por eso, el proyecto, calificado como Vivienda Protegida de Renta Básica y Renta Básica Jóvenes, contó con 4,4 millones de euros en ayudas y subvenciones del entonces Ministerio de Fomento y la que fuera Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Y es que a la hora de la entrega de llaves allá a mediados de julio de 2011, las rentas mensuales acordadas en los contratos de alquiler oscilaban entre los 166 y los 195 euros , por estos pisos en plena avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, en los aledaños de la Glorieta Olímpica. En este marco, esta vecina ha lamentado la operación con la cual InmoCaixa, sociedad inmobiliaria de Criteria, el 'holding' de inversiones de la Fundación Bancaria «la Caixa»; ha vendido el edificio de viviendas a la empresa Inmoliving S. XXI, por algo más de cuatro millones de euros. Y es que según su testimonio, «ni InmoCaixa ninguna administración pública», pues recordemos que se trata de viviendas declaradas como protegidas e incentivadas con fondos estatales y autonómicos; habrían comunicado el asunto a los inquilinos. Se supo, según esta vecina, en el seno de un pleno de la junta municipal del distrito Macarena, al manifestarlo el vocal de «un partido de la oposición». En cualquier caso, InmoCaixa formalizó la venta del inmueble previa comunicación a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento hispalense , tanto a la Gerencia de Urbanismo como a la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, contando con autorización expresa de la Administración andaluza. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla habría avalado la operación con el voto a favor del Gobierno local del popular José Luis Sanz; la abstención de Vox y el voto en contra del Grupo socialista. Según Criteria, esta venta se encuadra en la decisión acordada en 2021 por el grupo, de iniciar un proceso de desinversión en este tipo de viviendas, una estrategia en la cual, según la entidad, fue además consensuado ofrecer la primera opción de compra a los inquilinos y la segunda a las administraciones públicas; antes de recurrir a posibles compradores privados, como finalmente ha sucedido en este caso de Sevilla capital. Al respecto, esta portavoz de los vecinos del inmueble ha lamentado que haya sido «perdida la oportunidad» de que el edificio fuese adquirido para lo público , extremo que ha recriminado a las administraciones por no haber ejercido su opción de compra, porque los inquilinos lo habrían hecho cada cual en el caso de la vivienda que habita, según ha asegurado, al tratarse de precios de poco más de «40.000 euros» por vivienda. Según sus palabras, no habrían contado con esa opción individual. Eso sí, en la quietud de las administraciones a la hora de no ejercer su opción de compra podría pesar quizá que el edificio arrastrase situaciones de prolongado impago de alquileres, o sea morosidad , «inquiocupas». Se aludiría a cerca de una decena de casos, quizá. Empero, esta portavoz vecinal ha asegurado que tan sólo consta el caso de dos inquilinos cuyos contratos no fueron renovados por InmoCaixa por «cuestiones de edad», o sea al superar el límite de los 35 años, que estarían litigando el asunto y estarían consignando «en el juzgado» sus rentas a la espera de sentencia sobre el asunto. Sea como sea, la nueva dueña del edificio, Inmoliving, tiene la obligación de respetar los contratos de alquiler de las viviendas y todos los pactos adquiridos con la Administración por el anterior propietario, al menos hasta el año 2036, cuanto expirará el carácter protegido de estos pisos. Es en ese marco en el que parte de los vecinos ya se han organizado, según la inquilina portavoz de los mismos, y ha recurrido al abogado Francisco Granados Romero para «revisar» todos los términos de la operación ante la posibilidad de que pesen posibles «irregularidades». Porque más allá de la aludida falta de comunicación y del ejercicio de la opción de compra por parte de las administraciones, Inmoliving habría ya remitido a todos los inquilinos correos electrónicos reclamando el ingreso de las rentas, sin haber comunicado a la totalidad de ellos el cambio de titularidad mediante el correspondiente burofax. De este modo, los vecinos lamentan que las administraciones «no hayan peleado» por incorporar el inmueble a lo público, impidiendo así que haya «garantías» del carácter protegido de los pisos más allá de 2036. La junta de gobierno del Ayuntamiento hispalense, por cierto, aprobaba recientemente autorizar a su empresa municipal Emvisesa , para que pueda ejercer directamente en su nombre el derecho de tanteo y retracto en operaciones de venta de viviendas protegidas.

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