ABC
Llueve sobre mojado en la educación catalana. Con los sindicatos mayoritarios en pie de guerra contra el pacto de mejoras acordado solo con CC.OO. y UGT (centrales minoritarias en el sector), y a punto de estrenar un encendido mes de protestas en las aulas —los docentes han convocado cinco semanas de paros casi diarios—, la Generalitat intenta apagar, en paralelo, un nuevo fuego causado por su plan piloto de integrar agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en los centros educativos para evitar conflictos. Pese a que la consejera aclaró esta semana que los agentes no irán armados ni uniformados, que no entrarán en las aulas y que no estarán permanentemente en los centros, el grueso de la comunidad educativa ha recibido de la peor manera la iniciativa, de la que se hará un balance definitivo en el primer trimestre del próximo curso. En medio del encendido debate, cuatro de los institutos seleccionados para arrancar el experimento -uno de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y tres de la zona de Vic (Barcelona)- han anunciado ya que se apean del proyecto. El plan piloto del Govern, que arrancó el pasado lunes en 14 de los más de 5.400 centros educativos catalanes, ha puesto en jaque al grueso de la comunidad educativa, aunque algunos directores de centros 'en petit comité', sindicatos educativos como Aspepc (profesores de secundaria) y plataformas como PDA Bullying se han mostrado más cautos al valorarlo. Prefieren testar su efectividad antes de rechazar la medida, que llega a las aulas el mismo curso en el que el Govern ha eliminado a 120 profesionales de integración social (se ha pasado de 420 a 300) y ha aumentado la conflictividad en las clases. Solo en el presente curso se han registrado más de 5.331 situaciones potenciales de violencia en centros educativos catalanes, entre ellas casos de acoso escolar, agresiones y episodios de discriminación. Desde la asociación de directivos de Escuelas Públicas de Cataluña (Axia) critican a la Generalitat por haber puesto en marcha el plan sin haberlo expuesto antes a la Junta Central de direcciones de centros. Jordi Satorra, presidente de la asociación, reconoce que «sí hay conflicto en los centros» y «en ocasiones es necesaria la intervención de los mossos como hasta ahora», pero rechaza el plan piloto introducido por el Govern. «La solucion sería quizás reforzar las horas de coordinación y dirección en los centros y que haya más educadores e integradores sociales, no generalizar un plan que no ha sido consensuado», dice Satorra. Según ha podido comprobar ABC, en ninguna otra comunidad autónoma hay vigentes medidas de estas características dirigidas a velar por la seguridad en las instalaciones educativas. En la mayoría de los territorios, incluida Cataluña, sí funciona la figura del 'tutor docente' que interviene a petición del centro y de forma puntual en caso de conflicto. «No tenemos un modelo equivalente al que plantea Cataluña con agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano dentro de institutos; en su lugar, la comunidad cuenta con figuras como el 'agente tutor', normalmente de la Policía Local o en colaboración con la Guardia Civil, que intervienen de forma puntual, generalmente uniformados y con un enfoque preventivo y educativo, en coordinación con los centros. A diferencia del plan catalán, no hay presencia continuada ni encubierta de agentes dentro del entorno escolar andaluz», señalan a ABC desde la Consejería de Educación andaluza . Cataluña ha decidido ir un paso más allá y probar la figura del 'agente de convivencia' un mosso de paisano que aterriza en los centros para asesorar y acompañar al equipo directivo en las tareas de prevención y mediación de conflictos. «No entrarán en las aulas, ni tendrán un despacho a parte, ni vigilarán a nadie, y siempre actuarán bajo el liderazgo de los equipos directivos», señaló la consejera de Educación, Esther Niubó, al presentar el proyecto a los medios intentando aplacar la polémica generada por la medida. También el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, salió esta semana a defender el proyecto, pero quiso hacer hincapié en que es totalmente voluntario. La ministra de Educación, Milagros Tolon, por su parte, prefirió no mojarse y apuntó que es la Generalitat a la que le corresponde posicionarse sobre la iniciativa de la que dijo desconocer la letra pequeña. Ajenos a la llamada a la calma de las autoridades educativas, sindicatos, padres y educadores sociales ya han alzado las armas contra la medida. «Menos mossos y más educadores sociales», gritaban el lunes con pancartas en mano los trabajadores de los institutos Margarida Xirgu —uno de los que ya a abandonado el proyecto— y Eugeni d'Ors de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), dos de los 14 seleccionados por la Generalitat para desplegar el plan piloto este curso. Los agentes han empezado a aterrizar en algunos centros, donde familias y estudiantes los han recibido con reproches. «Fuera policías de nuestras aulas», corearon al unísono este lunes, primer día del experimento, algunos docentes y alumnos en los centros elegidos. ERC , los Comunes y la CUP han avivado estas semanas el debate rechazando la iniciativa en un momento de máxima sensibilidad en el sistema por la sostenida falta de recursos y la masificación de las aulas y han exigido responsabilidades a las dos consejeras de los departamentos implicados, Esther Niubó (Educación) y Núria Parlon (Interior). Algunos expertos se han sumado también al debate. La profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Aina Tarabini, duda también que el plan del Govern sea una buena solución para reducir la conflictividad en el ámbito educativo y prevenir conflictos. «Con el despliegue de mossos en los centros los problemas y la violencia no se reducen, solo se desplazan del ámbito educativo al penal y el alumnado más vulnerable sale perjudicado», señala la experta en declaraciones a ABC. Tarabini ve el plan piloto del Govern como «una mala noticia y un mal precedente». Reconoce que en muchos centros educativos hay conflictos por el malestar causado «por cuestiones de carácter estructural». Sin embargo, a su juicio, poner a agentes de paisano es «una respuesta fácil que no soluciona el problema sino que lo agrava». Profesores con amplia experiencia en lidiar en situaciones de conflictividad lo suscriben. Es el caso de Ingrid C. , que trabaja desde hace años en un centro de secundaria de Barcelona que aglutina a alumnado de diferentes zonas de la ciudad de familias de muy diverso origen y estatus socioeconómico. «Está claro que la falta de recursos y la diversidad que hay hoy en las aulas presionan el sistema y aparecen situaciones de conflicto, pero la solución a este problema no es poner mossos de paisano sino contratar más integradores y educadores sociales», señala la profesora, delegada sindical de CGT. Otras voces menos estridentes apuntaban en 'off' a este diario que la iniciativa «es un mal menor que puede ayudarnos a lidiar con este problema». «Entendemos que no es igual la solución más óptima pero ante la falta de recursos igual tiene algún efecto en los centros», reconocían portavoces de la dirección de un centro de secundaria que prefieren mantener el anonimato. Desde la plataforma PDA Bullying son partidarios también de dar una oportunidad a la medida. En medio del polarizado debate, los alumnos catalanes se preparan para un último trimestre «de traca» con protestas casi semanales en plena época de exámenes finales.
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